Interior trata de legalizar las 'expulsiones en caliente'

El Ministerio del Interior quiere que las 'devoluciones en caliente' de inmigrantes a Marruecos que la Guardia Civil practica con regularidad desde 2012 tengan una base legal. El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz ha creado contrarreloj un grupo de juristas y expertos para buscar la fórmula legal, probablemente la reforma de la propia Ley de Extranjería o su reglamento, para tratar de que sea legal la devolución inmediata de los subsaharianos que pisan suelo español en Ceuta y Melilla o entran en aguas de soberanía nacional.

El encargo a los expertos de Interior no es fácil, según reconocieron ayer ellos mismos. Consiste, básicamente, en encontrar encaje legal para que esas deportaciones exprés, que en la práctica se realizan sin ningún tipo de identificación de los extranjeros y sin asesoramiento legal alguno, puedan encajar en la figura del rechazo en frontera, que sí que admite el derecho comunitario.

Desde el Gobierno, algunos de sus juristas ya avisan que se trata de conseguir la «cuadratura del círculo» porque el rechazo en frontera es una figura solo pensada para puertos y aeropuertos con pasos autorizados, en los que los extranjeros tienen derecho a abogado e intérprete y en los que la prohibición de acceso siempre va acompañada de una «resolución motivada», que puede ser recurrida ante la Administración. Nada que ver con las 'deportaciones en caliente' vividas en las últimas semanas a través de las puertas de la valla de Melilla o el pasado 6 de febrero tras los incidentes que acabaron con la vida de 15 inmigrantes en Ceuta, cuando la Guardia Civil devolvió a los supervivientes al otro lado de la frontera sin mayores trámites.

En síntesis, se trata de encajar en el derecho el acuerdo hispano-marroquí de 2012 que permite estas devoluciones sin papeleo alguno y que choca frontalmente con la Ley de Extranjería que fija que cualquier inmigrante interceptado debe ser identificado, contar con asistencia y traductor antes de ser deportado.