La ley de Transparencia andaluza incluye sanciones coercitivas a diferencia de la estatal

La ley llamada a que sirva de vacuna contra la corrupción política y abra ventanas y puertas de la administración de par en par fue aprobada ayer en su versión andaluza por el Consejo de Gobierno de la Junta. Aquí se llamará ley de Transparencia Pública de Andalucía y tendrá a diferencia de la estatal aprobada en diciembre (Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno) un régimen de sanciones para las entidades públicas o privadas que, gestionando fondos públicos, incumplan la obligación de informar al ciudadano. Las multas van desde los 100 a los 400.000 euros.

El consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, calificó la ley de «un hito» y una herramienta «contundente y clara» para «recuperar la confianza política de los ciudadanos». Aunque no lo mencionó, es también la primera de las leyes del pacto de Gobierno PSOE-IU en llegar al Parlamento casi dos años después de comenzar la legislatura.

La ley incluye la creación del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, organismo adscrito a la Junta y cuyo director, un perfil independiente, según el consejero, deberá ser elegido por el Parlamento por mayoría absoluta. Este consejo dirimirá sobre las quejas de los ciudadanos y las sanciones. Consumidores y usuarios estarán entre los 14 representantes sociales.

Jiménez Barrios informó de que las medidas coercitivas llegan hasta la destitución de cargos públicos con la posibilidad de no volver a ser nombrados en tres años y la petición de destitución de las personas responsables de las entidades no públicas que incumplan.

El plazo para responder es de 20 días hábiles. La ley, no obstante, no entrará en vigor hasta un año después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), aunque los ayuntamientos tendrán un plazo más amplio, dos años, para adaptarse a las exigencias de transparencia de la norma.

Esta también incluye la creación de una Comisión Consultiva de Subvenciones y Ayudas para resolver cualquier duda al ciudadano sobre las mismas. Sus resoluciones se harán públicas. En el ánimo de los redactores de la norma está que este órgano incremente las garantías ya recogidas en la ley de Subvenciones para que no ocurran casos como el de los ERE y las facturas falsas de UGT, aunque el consejero no se refirió a estos asuntos.

Más control a los partidos

La norma andaluza es más exigente en la regulación de los partidos políticos. El texto nacional solo les reclama informar de los contratos, convenios y subvenciones públicas, mientras que el andaluz les obliga a cumplir con normas de transparencia análogas a las de las administraciones si quieren financiar su funcionamiento con dinero público de la Junta. También están obligados a facilitar información sobre lo realizado con el dinero recibido de la administración autonómica.

La ley afecta a la Junta y sus empresas, el Parlamento, los ayuntamientos, las diputaciones, las universidades y las agencias y entidades vinculadas; las entidades sin ánimo de lucro (partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y ONGs, entre otras) que reciban ayudas o subvenciones para sus actividades; las empresas privadas que gestionan servicios municipales, y las empresas y entidades que concierten con la Administración la prestación de servicios.