Lucrarse de manera fraudulenta

Habrá quien diga que, tal y como se encuentra la provincia, no es de extrañar que algunos se busquen la vida al margen de la ley. Pero otros considerarán que, todo lo que no contribuya a enriquecer el país, no sirve para volver a poner en marcha la economía.

El incremento de las actividades económicas no declaradas en Cádiz avanza y cada vez representa un porcentaje mayor. Ahora mismo, se encuentra ocho puntos por arriba, respecto a 2008.

Y es que puede ser muy tentador, cuando uno no tiene a qué agarrarse, dejarse atrapar por delincuentes que juegan con las necesidades de los demás. Este es el caso de los miembros que formaban parte de la dos redes que se han desmantelado recientemente.

Con la seguridad de que era fácil estafar al erario público, estos individuos establecieron una trama con la que recibían dinero por dar de alta en la Seguridad Social a desempleados a los que se les había terminado las prestaciones; a inmigrantes que necesitaban un trabajo para legalizar su situación, y a presos que si conseguían un trabajo podrían obtener el tercer grado. Cada uno de sus 'clientes' pagaba una suma, que iba de los 300 a los 3.000 euros, y a cambio se convertían en empleados de empresas que no existían.

Esta trama ha supuesto más de 8 millones de euros en pérdidas a la Seguridad Social y lo peor es que ha implicado a personas, que seguramente en algunos de los casos, sólo necesitaban ayuda. Pero esto no puede servir de excusa. Sobre todo, porque no se trata de casos que se producen sólo en tiempos de crisis. Ya en el 2000 había en Cádiz un 17,3% de dinero que no se declaraba, y también proliferaban este tipo de fraudes.