Eutanasia, un callejón siempre a oscuras

Eutanasia. Palabra de origen griego que significa 'buen morir'. Palabra que, cada cierto tiempo, salta al primer plano de la actualidad para sacudir un poco las conciencias y el debate. Esta vez fue Bélgica la que dio un paso más en este espinoso asunto al permitir la eutanasia en pacientes infantiles bajo unas estrictas condiciones (solicitud del propio menor con plena capacidad de discernimiento, dolor físico insoportable por culpa de una enfermedad terminal, consentimiento de los padres e informe psicológico, entre otros) y que ha provocado las críticas desde muchos ámbitos, tanto políticos, sociales como religiosos.

Con esta decisión, el reino de los belgas se convierte en el país más avanzado en esta polémica actividad, que se legalizó el 28 de mayo de 2002. Fue casi dos meses después de que lo hiciera Países Bajos (1 de abril de 2002), el primer Estado en regular esta práctica solo para pacientes que padezcan un cáncer terminal o alzhéimer en estado avanzado con «insoportables e interminables» sufrimientos. En 2009, Luxemburgo se convirtió en el tercer país del mundo donde la eutanasia es legal. «En España es muy complicado que esto suceda», comenta Manuel García, portavoz de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (AFDMD). Ninguno de los dos partidos mayoritarios han incluido la eutanasia en sus últimos programas electorales. Solo los socialistas, en 2004, «abrieron la puerta» a una posible comisión que debatiese este tema. «Esto nunca pasó. En 2008 desapareció de su programa y en 2011 también. Una cosa es hacer las propuestas desde la oposición y otra muy distinta desde el Gobierno», apunta García, que descarta «cualquier posibilidad» de que el PP lo incluya en su programa.

Solo los partidos minoritarios -sobre todo Izquierda Unida- han presentado cada legislatura una iniciativa para despenalizar la eutanasia, que fue tumbada en el Congreso por los votos contrarios de populares y socialistas. Un asunto, la eutanasia, que es una «realidad social, pero no política», según la AFDMD. Un respaldo que se constató en una encuesta del CIS de 2009, cuando el 60% de la sociedad se mostraba favorable a legalizar la eutanasia.

Un tercio de los casos

En Países Bajos, se produjeron 3.136 muertes por eutanasia en 2010. Casi todos eran enfermos terminales de cáncer y el 80% decidió fallecer en sus casas. No obstante, los médicos solo han aceptado, en los doce años de vida de la ley, un tercio de los casos. En Bélgica, los datos más recientes (2011) indican que fueron aprobados 1.133 casos. Un país donde la ampliación a una eutanasia infantil sin límite de edad (en Holanda se autoriza desde los 12 años) ha provocado que el primer Congreso Internacional de Cuidados Paliativos Pediátricos pida un «llamamiento urgente al Gobierno belga para que reconsidere su decisión». Un llamamiento que comparte la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal), que se muestra contraria a cualquier legislación a favor de la eutanasia o la muerte digna. Ahora mismo, solo tres comunidades tienen una legislación al respecto: Andalucía, Navarra y Aragón. Empero, solo la primera tiene la norma desarrollada completamente, mientras que en la comunidad foral está a medias y la última está paralizada en su desarrollo.

La ley de muerte digna especifica los derechos de los pacientes, hasta la inclusión de poder rechazar cualquier tratamiento, o la resolución de los pasos que hay que seguir para mitigar el sufrimiento de los enfermos terminales. Este colectivo, sin embargo, carece en el Sistema Nacional de Salud (SNS) de aquellos cuidados «generalmente sanitarios, orientados a mejorar la máxima calidad de vida posible en pacientes en situación de enfermedad avanzada o terminal, a través del alivio del sufrimiento, la comunicación exquisita y el apoyo a los familiares».

Sin embargo, el Secpal denuncia que la mitad de la población española carece de unidades especializadas. «España está en la segunda división según la OMS, superada por Rumanía o Uganda», asegura el doctor Álvaro Gándara del Castillo, presidente de la sociedad, que denuncia una «falta de interés» por parte de las autoridades para facilitar la «formación y la acreditación» a estos profesionales.