Detenido en Londres Antonio Troitiño por reintegrarse en ETA tras su huida

El histórico etarra Antonio Troitiño fue detenido ayer en Londres por orden del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Su captura responde a una causa que permanecía secreta desde junio de 2012, un año y dos meses después de que el etarra huyese a Reino Unido tras ser excarcelado por error. Troitiño está acusado de los delitos de integración en organización terrorista y falsedad documental, según los informes policiales incorporados a la investigación.

Troitiño, condenado a 2.700 años por 22 asesinatos cometidos por el 'comando Madrid', se hubiera beneficiado de la anulación de la 'doctrina Parot' de no haber sido por esta nueva causa. La orden de detención partió del Juzgado Central de Instrucción número cinco, que consideró que el etarra utilizó el aparato logístico de ETA para escapar a Reino Unido y llegó a formar parte del «subaparato de refugiados», según comunicó Interior.

Asimismo, el histórico miembro de ETA está acusado de falsificar documentos oficiales para residir en la capital británica. Así las cosas, tras su primera detención en Londres en junio de 2012, en virtud de una orden dictada por la sección tercera de la Sala de lo Penal, el mismo tribunal que lo excarceló en 2011 por error en el cómputo de su condena, tenía en su poder seis DNI españoles, dos permisos de conducir y dos tarjetas sanitarias europeas, todos ellos falsos.

Desde entonces tenía una orden de extradición pendiente, pero una corte británica decretó su libertad sin fianza en octubre pasado después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos derogara la 'doctrina Parot'. No obstante, el tribunal español dictó días más tarde una providencia en la que aclaraba que la entrega debía hacerse efectiva a pesar del fallo de Estrasburgo.

Mientras se resolvía este trámite, Troitiño debía comparecer diariamente en una comisaría de Londres tras abandonar la prisión. Pero esta nueva causa que se cursaba en secreto en la Audiencia Nacional ha acabado con su detención. Ahora se deberá resolver el trámite de su entrega a España y ser juzgado por los delitos de integración y falsedad documental, tal y como reclama la Fiscalía. Ambas acusaciones conllevan penas superiores a los 12 años de cárcel.