Los diputados estudian cambios en el Congreso ante la presión de la calle

Los políticos parece que sienten ya en la nuca el aliento de la enorme desafección ciudadana y del alto grado de malestar y desconfianza hacia su trabajo y el de los partidos. Tras diez meses en dique seco, ayer comenzó a trabajar en el Congreso la ponencia para la reforma del reglamento de la cámara y todos los grupos salieron de la reunión con la sensación de que, tras 32 años de fracasos, puede ser que esta vez logren romper el corsé decimonónico en el funcionamiento de la institución, agilizar su trabajo, aumentar las exigencias de transparencia y dedicación de los diputados, ampliar el control al Gobierno y el papel de las minorías, y abrir el Parlamento a las iniciativas ciudadanas.

La palanca que podría mover por primera vez desde 1982 esta pesada losa, según admitieron ellos mismos, es la necesidad de dar una respuesta rápida y satisfactoria a las exigencias sociales, que, en el contexto de crisis institucional, no perdonarían más fracasos. Ya se han citado para otra reunión, el 17 de marzo, para discutir reformas concretas. El presidente del Congreso, Jesús Posada, inusitadamente optimista, dijo tras la reunión que confiaba «en que lo lograremos». Eso sí, el PP, pese a sus buenas palabras aún no ha desvelado sus cartas y tiene la llave de la mayoría, apuesta por que los cambios no se apliquen hasta la próxima legislatura.

PSOE, IU, UPyD y Esquerra, los grupos con propuestas por escrito, coinciden en muchas de las reformas mínimas. En el ámbito del funcionamiento, reclaman controles de asistencia a plenos y comisiones, y multas para el absentismo de diputados, que el partido de Rosa Díez amplía incluso a la necesidad de que a sus señorías se les imponga un horario y que tengan que fichar a la entrada y a la salida. Piden también reforzar las incompatibilidades y que las vacaciones parlamentarias queden reducidas a agosto, con enero y julio como meses laborales. IU, además, reclama topes salariales y dedicación exclusiva total, y UPyD, la prohibición de los regalos.

Todos creen que en las sesiones de control al Gobierno deben permitirse preguntas espontáneas, UPyD pide que lo sean todas, que el jefe del Ejecutivo debe contestar a más cuestiones y someterse a interpelaciones, que en cada periodo de sesiones el jefe del Ejecutivo tiene que comparecer al menos una vez en el pleno si se lo reclama la oposición, un Debate del estado de la Nacional obligatorio al año, que la mayoría no pueda vetar el orden del día de las sesiones, y que un tercio de diputados baste para forzar una comisión de investigación.

Los cuatro grupos piden que se facilite la iniciativa legislativa popular con la recogida de firmas por internet y que sus promotores puedan defender la propuesta en el pleno. Apuestan también por que los ciudadanos puedan proponer debates y preguntas que deben de ser atendidas; que los diputados tengan que contestar a sus electores; o que asociaciones e instituciones sean escuchadas en comisión en temas que les afecten.