Facua cree ilegal que los usuarios de la luz no conozcan de antemano su precio

El mecanismo de fijación del precio de la electricidad propuesto por el Ministerio de Industria suscita muchas dudas entre las empresas del sector, pero también entre los consumidores. Una de las asociaciones representativas de este colectivo, Facua, considera que el nuevo sistema -basado en el precio del mercado mayorista o 'pool' durante el periodo de facturación- «vulnera la legislación española en materia de consumo» ya que «no permite conocer de antemano las tarifas que les aplicarán».

La organización explica que «el importe de cada kilovatio a la hora (Kw/h) consumido será distinto cada día o cada hora, según el tipo de contador que tengan instalados los consumidores (los antiguos analógicos o los nuevos digitales de telegestión, respectivamente)». Por tanto, considera que «no pueden modificarse las tarifas de un servicio sin facilitar esta información previamente a los usuarios, de manera que puedan decidir si aceptan o no las nuevas condiciones».

Facua recuerda que la información sobre el precio de un servicio antes de su contratación «es un derecho esencial de los consumidores», recogido por los artículos 20 y 60 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Además, el artículo 85.10 de esa norma considera abusivas «las cláusulas que prevean la estipulación del precio en el momento de la entrega del bien o servicio».

La organización cree que el hecho de que los consumidores puedan ser objeto «de casi 1.500 tarifas distintas -una por cada hora del periodo bimestral de facturación- hará infinitamente más opaco el recibo de la luz y dificultará de forma extrema la posibilidad de verificar si se ha producido alguna irregularidad». Por todo ello, considera que el mecanismo planteado por Industria es «una auténtica aberración».

Con el nuevo sistema, los únicos que realmente sabrán lo que les va a costar la luz son los usuarios acogidos al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) que contraten la tarifa anual. Estos clientes tendrán un precio fijo al que atenerse aunque, eso sí, con toda seguridad será más caro que el de la tarifa regulada.

Denuncias de la OCU

Otra asociación de consumidores, la OCU, ha puesto el foco de sus reclamaciones en las empresas eléctricas. En el marco de su campaña 'Quiero pagar menos luz', la organización lleva a cabo diferentes acciones «para conseguir que los consumidores puedan llegar a disfrutar de la competencia en el sector eléctrico y limpiarlo de malas prácticas». Por ello, explica en una nota, ha presentado dos denuncias.

La primera de ellas, por la práctica conocida como 'slamming': «Se trata de comerciales que se presentan en el domicilio del consumidor y, mediante argumentos engañosos, cambian su contrato de electricidad a otra compañía». La segunda denuncia se refiere «a la falta de competencia en el sector eléctrico». OCU basa esta afirmación en el hecho de que «ninguna de las grandes eléctricas» quiso participar en la subasta eléctrica que organizó el pasado mes de septiembre.