Dos exdirectivos de la CAM se enfrentan a penas de hasta 10 años de cárcelEl juez del 'caso Blesa' pide a Bankia que le concrete el perjuicio

La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) tuvo durante casi un decenio a 'la zorra cuidando el gallinero', como reza el dicho. Así, al menos, se desprende de los escritos de acusación presentados ayer por la Fiscalía Anticorrupción, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la propia Fundación de la CAM, que piden penas máximas de entre seis y 10 años de cárcel para dos ex altos cargos de peso en la entidad financiera.

Crear una comisión de control que, en realidad, ni supervisaba ni revisaba nada, sólo con el objeto de cobrar dietas elevadas, y precisamente llegar a multiplicar varias veces el importe de ese tipo de pagos sin justificación alguna son las principales conductas irregulares por las que tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados. Eso sí, su actuación contó con la anuencia de todo el consejo de administración de la CAM que, pese a ello, queda fuera del caso porque su actuación, aunque moralmente reprochable, no supuso delito alguno para el juez instructor.

Quienes sí habrían infringido claramente la ley, a juicio del Ministerio Público y las acusaciones particulares, son Roberto López Abad, director general de la caja de ahorros entre febrero de 2001 y diciembre de 2010 -antes era adjunto a ese puesto-, y Juan Ramón Avilés, presidente de la comisión de control de la CAM hasta que en julio de 2011 tuvo que ser rescatada de forma imperiosa por el Banco de España -a través del citado FROB- con una inyección de fondos que superó los 5.200 millones de euros. Para el primero, la Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años de cárcel como presunto autor de un delito continuado de apropiación indebida -y, de forma alternativa, un delito societario-, mientras que para el segundo reclama dos años y medio por otro delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de un tercero.

Dichas penas son elevadas hasta los seis y 10 años de prisión, respectivamente, por el FROB y la Fundación de la CAM en sus escritos de acusación. En los próximos días, el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez dictará apertura de juicio oral contra ambos -la vista, sin embargo, no se celebrará probablemente hasta finales de año-, a quienes acusa de diseñar una «estrategia» que, a través de distintas operaciones, causó un perjuicio de 4,91 millones de euros que habría que retornar -mediante la indemnización correspondiente- al actual dueño de la caja, el Banco Sabadell.

Donde coinciden todos los escritos de acusación -y también el juez instructor, dentro del auto de transformación en procedimiento abreviado que dictó a principios de enero- es en el relato de los hechos ilícitos que se atribuyen a los dos exdirectivos. De Roberto López se afirma que «buscó la fórmula para superar los anteriores límites retributivos (fijados en septiembre de 1999 por el consejo de la CAM) y posibilitar que los directivos cobrasen mayores emolumentos».

Más dinero a toda costa

Lo logró en marzo de 2005 con el acuerdo por unanimidad de un consejo afín a sus tesis de ganar más dinero a costa de la caja. De esta forma, las dietas por asistencia ya no dependían de lo que acordara anualmente la asamblea de la CAM y podían aumentarlas de forma discrecional. No satisfecho con ello, López logró trasladar el mismo sistema a una de las sociedades participadas por la entidad de ahorros.

Fue a la llamada Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI), que recogía las principales inversiones de la CAM. Se establecieron unas dietas de hasta 32.800 euros anuales para los 21 miembros de su comisión de control, pese a que su actitud dentro de ella fue «meramente pasiva» y dicho órgano resultó «un burdo instrumento» sólo ideado para que los miembros que hacían las mismas funciones en la caja -y, a su vez, formaban parte de ambas comisiones- cobrarán mucho más «sin realizar ningún trabajo adicional».

Juan Ramón Avilés era el presidente de ambas comisiones pero, además, logró que la CAM le concediera una serie de créditos arriesgados para sus inversiones inmobiliarias particulares por valor de más de 23 millones de euros. Pese a su falta de liquidez para devolver los fondos, y de que la situación le hubiera obligado a dimitir del cargo, logró que la caja le renovara los préstamos con una serie de maniobras «fiduciarias» para ocultar la realidad.

Este no es, sin embargo, el único juicio al que habrá de enfrentarse el exnúmero dos de la CAM, pues López también está imputado junto a otro exdirectivo -Daniel Gil- por desviar a paraísos fiscales del Caribe los beneficios que habrían obtenido a través de inversiones inmobiliarias auspiciadas por la caja de ahorros.

El nuevo juez que instruye la causa abierta contra Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, por la polémica compra en 2007 del City National Bank of Florida, Juan Antonio Toro, ha pedido a Bankia que le concrete el posible perjuicio sufrido por la citada entidad de ahorros en aquella operación. Según el Banco de España, la adquisición resultó «gravosa», aunque no llegó a concretar el daño. El anterior instructor -el controvertido Elpidio José Silva, que será juzgado por irregularidades en el caso-, sin embargo, sí llegó a hablar de «más de 500 millones de euros en pérdidas», tesis sustentada por la acusación popular.