La justicia sospecha que los hijos de Ruiz-Mateos buscan formar 'Rumasa III'

Más de dos años y medio de diligencias y pesquisas no han podido desenredar aún todo el entramado de sociedades interpuestas y testaferros dispuesta por la familia Ruiz-Mateos no sólo para ocultar su patrimonio real -sobre todo los fondos líquidos, que se sospecha estarían fundamentalmente en Suiza-, sino también para trasvasar la propiedad de sus empresas a firmas instrumentales radicadas en paraísos fiscales, en un intento por eludir la responsabilidad de las deudas millonarias generadas por aquellas. No obstante, sí se atisban ya algunas luces en el largo y oscuro túnel en que se ha convertido este caso.

Uno de los últimos informes periciales incorporados a la causa, elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), apunta ya de forma directa a lo que sería un intento de los seis hijos varones del patriarca, José María, por resucitar parte de su emporio ahora desmantelado a través de lo que los propios investigadores consideran ya -eso sí, aún en privado- que podría resultar el embrión de una especie de Rumasa III. Lo ilícito del caso, según medios jurídicos, es que presuntamente lo estarían haciendo con los métodos a los que ya recurrieron en el pasado, es decir, el uso de testaferros y terceros para ocultar su dominio real.

Dicha fórmula no resulta gratuita, pues tanto ellos como sus padres tienen embargados todos sus bienes por orden del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, quien tras tomarles declaración en otoño de 2011 les impuso una fianza solidaria de 30 millones de euros para cubrir sus posibles responsabilidades por las pérdidas ocasionadas a las más de 4.000 personas que invirtieron en pagarés de Nueva Rumasa.

El principal procedimiento que pesa contra la familia Ruíz Mateos -aunque ni mucho menos el único, pues tienen causas abiertas en más de una treintena de juzgados- se deriva de esos pagarés que, según el juez instructor, tenían una doble finalidad «en un esquema de funcionamiento piramidal». La primera, hacer frente a las propias obligaciones de pago (sobre todo, intereses) de emisiones anteriores; por eso, el sistema estalló cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tras varios avisos previos, prohibió la cuarta emisión.

La segunda meta, según ha constatado la UDEF en sus últimos informes, era «obtener algo de financiación y publicidad» para un grupo que ya entonces hacía agua dentro de «un círculo vicioso de difícil solución» y que se gestionaba «a modo de caja única», aunque la propiedad de las distintas empresas estuviera separada, e incluso instrumentada en el extranjero, a fin de eludir responsabilidades en caso de problemas. Los agentes concluyen que «el resultado les sobrepasó». Resulta clarificador uno de los documentos intervenidos a los hermanos, donde uno de ellos le pregunta al resto: «¿Quién de nosotros pensó que íbamos a levantar 200 millones de pagarés?». En realidad, fueron más.

La «gestora» de la caja

Eso sí, la Policía sospecha que antes de que el globo estallara hicieron un buen aprovechamiento del mismo. En esta función resulta clave la sociedad Bardajera, una instrumental que hacía las funciones de «gestora de la caja única oficial de Nueva Rumasa», subrayan. Llegó a recibir más de 673 millones de euros hasta que saltaron las alarmas en abril de 2011.

Los investigadores del caso sostienen que, más allá de inyectar fondos a las empresas del grupo más necesitadas -y, sobre todo, con más activos- y devolver parte de los intereses a los inversores, ese dinero se usaba para costear gastos personales de la propia familia Ruiz-Mateos y de sus sociedades patrimoniales. Por ejemplo, «sirvió para pagar las hipotecas de las casas de los seis hijos varones» -de las hijas, una de las cuales (Begoña) se ha querellado contra sus hermanos, no se dice nada-.

Amén de ayudar a «mantener su alto nivel de dinero», de esa «caja única» se llegaron a sacar 78 millones de euros «en efectivo cuyo destino final se desconoce». Los agentes sospechan que se expatriaron en cuentas en el extranjero, aunque una parte habrían sido escondidos. Sería, según su tesis, el carburante con el que se han ido alimentando desde que la justicia interviniera su patrimonio y cuentas oficiales.

A través de varias relaciones «acreditadas» y otras aún por investigar, sostiene la UDEF, los hermanos Ruiz-Mateos «muy probablemente estén o hayan recibido compensaciones económicas, en efectivo o a través de cuentas instrumentales, de las que hasta el momento no se tiene información». Uno de esos contactos es, según la Policía, el empresario José Antonio Muñoz Cano, familiar del que fuera director de Marketing de Nueva Rumasa.

Otros de los nombres que siguen de cerca los agentes son Enrique Coca y Joaquín Capel, a quienes la UDEF cree socios de los Ruiz-Mateos en varios negocios hosteleros en Madrid, desde restaurantes hasta establecimientos de comida rápida y pubs. Se estima que podrían formar parte de una potencial futura Rumasa III, donde ya estarían operando una constructora (Sumarsan), una aseguradora (Inerzia) y una agencia de medios (Fideliza).

«Los seis hermanos han mostrado gran interés por continuar dentro del mundo de los negocios» pese a su situación procesal, afirma la Policía. Por eso, el juez y la Fiscalía le han pedido que profundice ahora en esa línea de investigación.