El 80% de los participantes en unas oposiciones recurre contra ellas

Que unas oposiciones, unas pruebas de acceso a cualquier puesto en la administración pública, se salden con algunas protestas o recursos entra en lo común. De hecho, hay toda una reglamentación prevista para atenderlos y responder. Pero que ocho de cada diez participantes presente formalmente una denuncia entra en lo excepcional. Es lo que ha ocurrido con las pruebas a doce plazas de auxiliar de comunicación (telefonista de la centralita para teléfonos de emergencia y ayuda) de la Policía Local de Cádiz.

A estas pruebas, tres convocatorias, se presentaron unos 270 aspirantes. La primera se celebró el 9 de noviembre y la superaron 62 personas, que pudieron hacer la segunda, también en la Facultad de Medicina, el pasado 19 de diciembre. De esos participantes en la selección, hasta 48, más de un 80%, considera que se han producido irregularidades.

Los afectados, agrupados en una pequeña plataforma, han presentado reclamaciones formales y anuncian un recurso de alzada por las graves deficiencias detectadas. Cinco de los miembros de este grupo afirman que los exámenes fueron «una chapuza incluso con faltas de ortografía y errores en las fechas de las leyes». Como deficiencias mayores, destacan que las cajas de los exámenes llegaran abiertas o que los nombres de los aspirantes tuvieran que ser escritos en el encabezado, algo que va contra la obligación de anonimato que recoge la ley 296/2006. Con ser graves estas denuncias, no son las únicas. Los aspirantes aseguran que el tribunal examinador estaba formado por compañeros de varios de los aspirantes, que ya ocupan los puestos como interinos, lo que también es contrario a la legislación.

Por último, afirman que las preguntas de las primeras pruebas estaban, en algunos casos, fuera de temario. Tan es así que el tribunal estimó tres quejas concretas sobre las preguntas y cambió dos, por considerar que los reclamantes tenían razón en sus quejas.

Las anomalías han sido tantas, según estos cinco representantes del colectivo, que el propio tribunal empezó a cambiar preguntas y admitir errores por iniciativa propia antes de que le llegaran las primeras reclamaciones.

Sin respuesta

Los representantes de este grupo de denunciantes (mayoritario respecto al total de los participantes en las oposiciones) han tratado de ponerse en contacto con el concejal responsable de la Policía Local, Juan Antonio Guerrero. Sin embargo, aseguran, hasta ahora no han recibido la menor respuesta y siempre se han topado con evasivas.

El Ayuntamiento de Cádiz les asegura que el edil no puede hacer nada en un proceso de selección, cuya responsabilidad corresponde a la junta de personal, los sindicatos y el tribunal encargado de dirigirlo. Los afectados reclaman la repetición íntegra de la prueba, además de una investigación interna que esclarezca los hechos.