Tras la pista de Cristina

¿Cómo se ha llegado hasta esta situación? ¿Cómo es posible que la hija menor del Rey de España acabe declarando el próximo sábado como imputada en un sumario de corrupción que empezó siendo una aburridísima investigación sobre unas obras infladas en un velódromo? ¿Por qué el 'caso Palma Arena' pasó a convertirse en el 'caso Nóos', luego en el 'caso Aizoon' y más tarde en el 'caso infanta'?

Todos los juristas involucrados desde hace más de dos años en esta causa coinciden: la imputación de Cristina de Borbón es una «carambola a tres bandas». Pero una carambola, al fin y al cabo, previsible a pesar de todas las vueltas y revueltas que ha dado este asunto en los últimos meses, hasta que finalmente se ha fijado fecha (8 de febrero) y hora (diez de la mañana), inamovibles para su citación. Aunque más de 200 agentes blindarán la manzana, la «tensión social» y la presencia de «grupos hostiles» fueron los argumentos del juez decano de Palma para justificar el pasado viernes la opción de que Cristina de Borbón recorra los famosos 40 metros de acceso en coche.

Una vez que el nombre de Iñaki Urdangarin apareció en esta causa -insisten en Palma- al juez José Castro le bastaba con recurrir al consejo que dio 'Garganta Profunda' a los periodistas del 'Washington Post' que destaparon el 'Watergate': «Sigan el rastro del dinero». Y la pista de Cristina resultaba demasiado atractiva. Pero, sobre todo, la huella de sus facturas era muy profunda, extremadamente fácil de perseguir sin necesidad de tener que meterse en el papel de Bob Woodward (Robert Redford) ni de Carl Bernstein (Dustin Hoffman) en 'Todos los hombres del presidente'. Ellos acabaron cazando a otro 'intocable', Richard Nixon.

A diferencia del 'Watergate', en Nóos las cosas eran mucho más evidentes que en el Partido Republicano de los setenta. Máxime cuando nadie -ni la Infanta ni su marido ni la Casa del Rey- se esforzó por ocultar, disimular o, siquiera, maquillar las innumerables trazas de presuntas irregularidades fiscales de la pareja. Aunque es muy improbable que se llegue a juzgar por este delito: el fraude, al parecer, no supera los 120.000 euros por ejercicio.

Un rosario de supuestos pufos familiares documentados por doquier -como cargar como gastos de empresa los 1.412,40 euros que costó la fiesta de su 42 cumpleaños o los 15.210,82 euros que costaron los billetes de avión para un viaje familiar a Brasil-, que a la duquesa de Palma le serán imposibles de negar cuando este próximo fin de semana se siente en los juzgados de la capital balear frente a su bestia negra, el magistrado Castro. Harina de otro costal es saber si la Infanta Cristina, tal y como parece la estrategia de defensa más lógica, está dispuesta a cargar toda la culpa a su marido y a presentarse como la esposa ignorante -confiada y enamorada, que diría uno de sus letrados- de todo lo que tuviera que ver con el dinero.

La pesadilla de Cristina de Borbón comenzó un lejano día del verano de 2010, cuando el matrimonio real, por recomendación de La Zarzuela, vivía ya apartado de casi todo en Washington, curiosamente la ciudad de las oficinas 'Watergate'. Aquella jornada salieron por primera vez de la boca del expresidente Jaume Matas los nombres del Instituto Nóos e Iñaki Urdangarin como beneficiarios de adjudicaciones públicas y turbias por parte del Gobierno autonómico. Solo días después, el 22 de julio de ese mismo año, Castro abrió una nueva pieza separada en el 'caso Palma Arena' para investigar los convenios firmados en 2005 y 2006.

Matas nunca nombró a Cristina de Borbón pero, a partir de ahí, al menos en la teoría procesal clásica, solo debería haber sido una cuestión de tiempo que la hija del Jefe del Estado declarara como imputada. Esa obvia diligencia, preguntar a una persona perteneciente a la cúpula del Instituto Nos, hubiera sido lo normal en cualquier investigación judicial, habida cuenta de que la duquesa de Palma figuraba como uno de los cinco miembros de la directiva de aquella falsa fundación sin ánimo de lucro.

Pero esa circunstancia no fue suficiente. Los otros cuatro dirigentes de Nos -Urdangarin, Diego Torres y su mujer, Ana María Tejeiro, y el secretario de la Infanta, Carlos García-Revenga-, acabaron a la larga declarando después de que en noviembre de 2011 el escándalo saltara a las portadas de todos los periódicos e informativos con el registro de la sede de Barcelona. El 'caso Palma Arena' se había convertido en el 'caso Urdangarin', en el 'caso Nóos', pero la hija de Don Juan Carlos parecía a salvo, aunque el rastro de la infanta ya estaba allí y era imposible ocultarlo si se escarbaba un poco.

Su propio marido se empeñó una y otra vez, en sus escritos y en sus dos declaraciones ante Castro en 2012 y 2013, en dejar claro que su mujer era una figura meramente decorativa en el instituto Nóos. Que allí no pintaba nada. Pero la pista del dinero seguía latente. Nadie podía hacer desaparecer unas facturas, que, eso sí, por entonces, aún no se conocían.

El año pasado el juez no logró el amparo de la Audiencia Provincial para interrogar a la Infanta Cristina como cómplice de los negocios irregulares de su marido. Los correos electrónicos de Diego Torres apuntando las supuestas gestiones de Cristina de Borbón a favor de los tejemanejes de Iñaki Urdangarin eran una prueba no demasiado consistente para imputar a la hija de los Reyes de España por malversación, entre otros delitos.

Pero los superiores de José Castro, precisamente, le señalaron el camino a seguir. Una pista infalible. Fueron ellos, los magistrados de la Audiencia, los que ejercieron de 'Garganta Profunda' e instaron a investigar a la duquesa por fraude fiscal y/o blanqueo de capitales. Y fueron ellos, los que, de forma velada, apuntaron al juez que las cuentas de la infanta -y no su participación en Nóos- eran su talón de Aquiles.

Y el punto débil, sin duda, era Aizoon, la inmobiliaria y consultoría que los duques de Palma abrieron en 2003, que jamás vendió un piso y que nunca llegó a asesorar a nadie. Y pese a ello, pese a no haber desarrollado jamás una actividad empresarial, Aizoon tenía un fuerte aroma a dinero por los cuatro costados. La mercantil dejaba un rastro de cerca de un millón de euros de dinero público (procedente de las administraciones valenciana y balear) que había sido desviado desde el instituto Nóos a la firma familiar a través de la facturación de trabajos supuestamente ficticios.

Visa Oro Bussines de Aizoon

Ver quién y cómo se había gastado el capital que entraba en Aizoon (primero por el desvío desde Nóos y luego por la facturación irregular de los trabajos de asesoría que hacía Urdangarin) se convirtió la pasada primavera en la obsesión del juez Castro, sabedor de que era muy probable que Cristina de Borbón no fuera ajena a esos gastos. Había nacido el 'caso infanta'… siguiendo la pista del dinero. Y Hacienda, aunque sigue sin ver delito, lo confirmó durante nueve meses de investigaciones patrimoniales. Según la interpretación que el magistrado hace de los papeles que le entregó la Agencia Tributaria, la hija menor de los monarcas casi nunca gastaba de su bolsillo (del sueldo que le pagaba y le paga La Caixa, que algunas fuentes cifran en 220.000 euros) porque tiraba de la tarjeta de Aizoon para todo. O casi todo. Castro sostiene que entre 2008 y 2011, dejando al margen las amortizaciones de sus créditos hipotecarios -La Caixa les concedió uno de 5 millones para la casa de Pedralbes-, la Infanta Cristina solo realizó compras de poco más de 3.000 euros a cargo de su «peculio» (de su nómina). ¿Por qué? Porque las pasaba como gastos de empresa a Aizoon.

El resto ya es historia. Como los famosos cargos que ella hizo durante siete años con la Visa Oro Bussines de Aizoon o que el matrimonio cargó como si fuesen proveedores de su empresa para pagar, entre otras cosas, buena parte de la reforma del palacete de Pedralbes, fiestas familiares, viajes por todo el mundo, comidas en restaurantes de lujo, fletes de aviones, alquileres de limusinas, noches en algunos de los mejores hoteles de Europa o América, cursos de formación, clases de salsa, la ropa para sus hijos, el material escolar de los pequeños, floristerías, gasolina, peajes, parkings… Y así, tirando del hilo, siguiendo las pistas que iban dejando, Castro ha conseguido que la Infanta Cristina se convierta en el primer miembro de una familia real europea que se sienta ante un juez como imputado.