El Gobierno exige más capital a los bancos y limita los bonus a sus directivos

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Proyecto de Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades de Crédito, norma que introduce nuevas exigencias de capital a las entidades financieras para prevenir futuras crisis bancarias, limita las remuneraciones de los directivos y obliga al Banco de España a realizar al menos un test de estrés cada año.

En concreto, se limita la remuneración variable al 100% de la remuneración fija salvo que la junta de accionistas autorice elevarlo hasta un máximo del 200% de la fija. Además, parte de la remuneración variable total deberá estar sometida a cláusulas de reducción o incluso de recuperación de remuneraciones ya satisfechas si los resultados de la entidad no cumplen objetivos -ese porcentaje de recuperación lo decidirá cada entidad-.

El proyecto de ley obliga a publicar las retribuciones totales percibidas anualmente por todos los miembros de su consejo de administración e impone que exista un comité de remuneraciones y un comité de nombramientos en cada banco. Cada entidad deberá publicar anualmente el Informe Bancario Anual, donde se incluirán los impuestos pagados, las subvenciones públicas recibidas y el número de empleados a nivel consolidado.

El Gobierno limita a dos el número de consejos de administración donde podrá participar un consejero si ejerce funciones ejecutivas, que eleva a cuatro si no se ejercen dichas funciones. Y prohíbe el ejercicio simultáneo de los cargos de presidente del consejo de administración y consejero delegado -aunque permite excepciones si las autoriza el Banco de España-.

Siguiendo la trasposición de Basilea III -la normativa europea bancaria que toma su nombre de la ciudad donde está el supervisor-, el Gobierno introduce en el proyecto de ley de solvencia diferentes niveles de colchón de capital. Estos colchones se establecen a nivel nacional y pueden ser superiores a los que determine la auoridad europea. En primer lugar, habrá un colchón de conservación de capital para pérdidas inesperadas, que se empezará a aplicar el 1 de enero de 2016 y llegará al 2,5% en 2019. En segundo lugar, habrá un colchón de capital anticíclico específico, el que se llena en las etapas de bonanza para usarlo en épocas de crisis. También será de hasta el 2,5% y se aplicará a partir de 2016.

Las entidades sistémicas deberán tener un capital adicional de entre el 1% y el 3,5%, según sean más o menos grandes. Y, por último, el colchón contra riesgos sistémicos, que podrá alcanzar el 5%; será el Banco de España el que decida cuándo y en qué nivel exigirlo opara reducir los riesgos de futuras crisis financieras. Si se exige el porcentaje máximo en cada nivel, se llegaría a un 13,5%. Estos colchones complementan el establecido en el reglamento europeo, que obliga a tener un capital del 4,5% de los activos ponderados por riesgo a partir de 2015 como mínimo.

Examen cada año

Al comienzo de la crisis, el Gobierno enfatizaba que el sector financiero español era el más solvente de Europa, pero después hubo que inyectar hasta 60.000 millones de euros de dinero público y nacionalizar cuatro entidades para evitar su quiebra. Ahora, para evitar más sorpresas, el proyecto de ley institucionaliza la realización de una prueba de estrés al menos una vez al año por el Banco de España. Este test estará incluido en el Programa Supervisor que el Banco de España tendrá que presentar cada año con el contenido y la forma que tomará la actividad supervisora y las actuaciones a emprender en virtud de los resultados obtenidos.

Por último, el Gobierno modifica la composición del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) ya que pasa a computarse dentro de las cuentas públicas y deja en minoría a los representantes de las entidades financieras. La comisión gestora del FGD estará integrada por 11 miembros: un representante del Ministerio de Economía; uno de Hacienda; cuatro del Banco de España y cinco designados por las entidades financieras. La presidencia la mantendrá el subgobernador del Banco de España. La banca está obligada a hacer aportaciones al FGD que sirven para cubrir la garantía de los depósitos -hasta 100.000 euros- si quiebra una entidad, para cubrir los esquemas de protección de activos y otras inyecciones de capital en entidades.