Los españoles podrán elegir ser tratados en otro país de la UE

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto para adaptar una directiva europea sobre el tratamiento de pacientes de la Unión Europea en cualquier centro del continente. La norma sobre la atención sanitaria transfronteriza entró en vigor el 25 de octubre y ahora España adecúa la legislación nacional. Como ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se trata de una de las normas comunitarias “de mayor impacto de los últimos años” que va a provocar la reordenación de los diferentes sistemas sanitarios para cumplir con los tres objetivos marcados: asegurar el acceso a una asistencia sanitaria transfronteriza segura y de alta calidad, garantizar la movilidad de los pacientes y favorecer la cooperación sanitaria entre España y el resto de la UE, sobre todo con los países fronterizos.

El paciente que elija ser atendido en un hospital que no es de su país, por ejemplo portugueses que acuden a Vigo o Badajoz, deberá adelantar el pago de los servicios que reciban y solicitar después el reembolso a su país, bajo unas determinadas condiciones y, en el caso de algunos tratamientos, se requerirá autorización previa a la comunidad autónoma, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) o la mutualidad de funcionarios en dos casos: que el tratamiento requiera una hospitalización de una noche o cuando los tratamientos exijan tecnología o equipos muy especializados y de elevado coste. El espíritu de esta directiva responde a la libre circulación de personas, bienes y servicios de la UE, según ha destacado el Ministerio de Sanidad.

En España, se reembolsará el coste de las prestaciones contenidas en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) o, en su caso, en la cartera complementaria de cada comunidad autónoma. “La asistencia se entiende en su sentido más amplio, incluyendo medicamentos y productos sanitarios”, apuntan desde el departamento de Ana Mato. Quedan excluidos los cuidados de larga duración, los trasplantes de órganos y los programas de vacunación públicos. El reembolso se ajustará a las tarifas oficiales de cada servicio de salud, como si el tratamiento se hubiera prestado en el SNS.

Derecho y cooperación

La aplicación de la Directiva 2011/24/UE también viene acompañada con una serie de derechos para los pacientes, que se recogen en el real decreto. Los ciudadanos podrán disponer de copia de los informes clínicos, pruebas diagnósticas y procedimientos terapéuticos, tendrán asegurada la continuidad del tratamiento tras haber sido asistidos en otro país y garantizada la protección de sus datos personales y, por último, estará a su disposición toda la información necesaria a través del Punto Nacional de Contacto.

Por otra parte, la directiva europea también incluye la elaboración de unos sistemas de cooperación. En primer lugar, los países podrán compartir información de profesionales sanitarios, por lo que se desarrollará un real decreto a lo largo de 2014. Además, se constituirá una Red Europea de Referencia, a la que se incorporarán los Centros, Servicios y Unidades de Referencia del SNS: 187 para 42 patologías o procedimientos, en la actualidad. Esto beneficiará especialmente a las personas con enfermedades poco frecuentes, que podrán acudir a un centro especializado en otro país. Asimismo, España participa activamente, también en la Red Europea de Sanidad Electrónica.