La Policía tampoco quiere fotos de la hija del Rey

El despliegue que ultima la Jefatura de Policía de Palma para garantizar la seguridad de la infanta no tiene precedentes. Ni siquiera cuando la Familia Real en pleno se desplazaba a la capital balear en las vacaciones estivales. Según fuentes del operativo, el Ministerio del Interior va a desplegar más de 200 agentes, a los que se sumarán efectivos de la Policía Municipal, miembros del Seguridad de la Casa Real y espías del CNI.

Toda la manzana de los juzgados estará protegida por un doble cordón de seguridad. Ese mismo área estará sometida a una suerte de bloqueo de radiofrecuencias con fortísimos inhibidores, cuyas pruebas ya han dejado al vecindario sin wifi o transmisión de datos en sus dispositivos móviles.

Este despliegue, que costará unos 20.000 euros, es, según la Policía, para neutralizar la amenaza de grupos hostiles a la infanta. Lo cierto es que por ahora solo hay una protesta comunicada a la Delegación del Gobierno, la de la Unidad Cívica por la República, que no espera más de 300 asistentes a su convocatoria. En cualquier caso, ninguno de los manifestantes podrá si quiera acercarse a los juzgados y, ni mucho menos, ver a la infanta.

Entretanto, continúa el tira y afloja entre la Policía y decanato para establecer dónde y cómo irá ubicada la prensa. Interior ha comunicado a los juzgados su intención de alejar a los periodistas de la puerta de entrada por la que accederá la hija del Rey. Alega que en ese reducido patio necesita espacio para maniobrar el vehículo de la infanta y, sobre todo, garantizarse una vía de escape en caso de emergencia, como rezan los protocolos de seguridad.

El asunto no es baladí. Si los fotógrafos y cámaras son desplazados no podrán captar la imagen de Cristina de Borbón, que podría entrar a los juzgados sin que se la vea y sin ser fotografiada.