La Generalitat solicita a Hacienda un crédito de 6.300 millones de euros

Aunque Artur Mas aprobó recientemente sus primeras cuentas públicas sin recortes en los más de tres años que lleva desde que es presidente de la Generalitat, las finanzas catalanas siguen en una situación muy delicada y dependiendo, en buena parte, del rescate del Ministerio de Hacienda. El Gobierno catalán anunció ayer que ha formalizado una petición de préstamo para este año de 6.347 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), la línea de crédito creada por el Gobierno español en julio de 2012 para paliar la imposibilidad de las comunidades autónomas de poder financiar su deuda en los mercados internacionales.

La cifra que solicita para 2014 el Ejecutivo de Mas, de la que destinará el 31% a cubrir déficit y el resto a vencimientos de deuda, es muy inferior a los 10.833 millones que precisó la Generalitat el año pasado. Esta diferencia del 41% viene marcada por las necesidades urgentes que tuvo el Ejecutivo catalán de hacer frente a emisiones minoristas en 2013, los llamados bonos patrióticos y que este año no son tan altas, en torno a los 700 millones de euros.

Fuentes del Gobierno catalán se mostraron convencidas de que Hacienda dará el visto bueno al crédito-rescate de 6.347 millones. «Está en proceso» y es cuestión de «días», expresó el consejero catalán de Economía, Andreu Mas-Colell. Pero teniendo en cuenta el contexto político que vive Cataluña, el FLA es algo más que un préstamo. Y es que su negociación no se ha podido desvincular en los últimos dos años del proceso que está llevando a cabo la Generalitat, en parte además porque Cataluña es la autonomía que más ha recurrido a este mecanismo financiero. La Generalitat absorberá este año el 27% del total de fondos destinados al conjunto de autonomías, mientras que el año pasado copó más de la mitad (solicitó 10.800 millones) y en 2012 se llevó el 40% de los préstamos (6.600 millones).

El consejero de la Presidencia, Francesc Homs, argumentó ayer que el Estado no está regalando recursos a Cataluña con el FLA, sino «prestando» un dinero que en el fondo es de todos los ciudadanos, también de los catalanes. El FLA, como las balanzas fiscales, también sirven de munición política para la continua lucha dialéctica que hay entre la Moncloa y la Generalitat. De hecho, en la convención que el PP celebró hace dos semanas en Barcelona, Mariano Rajoy afirmó que no tiene intención de cortar el grifo de las ayudas a la Generalitat. Lo dijo porque hay sectores mediáticos y del ala más a la derecha de su partido que le exigen que tome represalias con el Ejecutivo catalán como respuesta a su desafío soberanista. Rajoy prometió no seguir esta línea dura porque las «consecuencias las pagarían quienes menos culpa tienen, que son las gentes de esta tierra».

«Perdonavidas»

Desde el Gobierno catalán replicaron a la administración central que la posibilidad que tiene España de endeudarse fuera, en los mercados, posibilidad que no tiene Cataluña, depende directamente de su PIB, del cual Cataluña aporta el 20%. Teniendo en cuenta que este año el Tesoro se endeudará por valor de 240.000 millones, «podemos asumir que España emitirá 48.000 millones de deuda gracias a Cataluña, que solo recibirá 6.300 millones del FLA», afirmó el consejero de Economía. «Estamos cansados de la actitud perdonavidas del Gobierno -dijo- que nos traten con respeto».

Siempre que tiene ocasión, la Generalitat defiende que no tendría que acudir al FLA si tuviera autonomía financiera y no sufriera el déficit fiscal, cuya cifra es estos días motivo de agrio debate, como previa a la dura negociación del nuevo modelo de financiación.

Además, el gobierno catalán, que reivindicó su derecho a acudir a este mecanismo como contribuyente neto a las arcas del Estado, advirtió ayer que podría impugnar las condiciones del programa de aplicación del FLA porque pueden «vulnerar» sus competencias y su autogobierno, y criticó que la línea de crédito de este año aún no haya empezado a funcionar.

Respecto al FLA de 2013, el Ejecutivo catalán afirmó que el Gobierno reconoció su derecho de disponer de una ampliación de acuerdo con el cambio del objetivo de déficit, lo que la Generalitat calcula en 1.700 millones de los que solo ha recibido a su juicio 783.