El consorcio de Sacyr deja las obras del Canal de Panamá en mínimos por falta de liquidez

Un día menos sin acuerdo sobre quién y cómo se deben pagar los sobrecostes multimillonarios generados en la ampliación del Canal de Panamá y, al tiempo, otra jornada en que se ralentiza aún más el ritmo de las obras que, según admitieron ayer desde el propio consorcio liderado por la constructora española Sacyr y la italiana Impregilo, se encuentra ya al mínimo.

El motivo es precisamente la falta de liquidez que se viene esgrimiendo por el adjudicatario, el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) -del que también forman parte de manera minoritaria la firma belga Jan de Nul y la panameña CUSA-, desde que el conflicto saltó a la luz pública a principios de año. La última oferta de las empresas, rechazada por las autoridades panameñas, era «cofinanciar» esos gastos sobrevenidos, que aquellas estiman en 1.600 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros).

Ante esa negativa, con las negociaciones oficialmente rotas desde el miércoles y todavía pendiente de abonar una factura de 50 millones de dólares correspondiente a la certificación de diciembre -la Autoridad del Canal (ACP) revisa de forma periódica la marcha de los trabajos y paga una cantidad a mes vencido en función de los avances alcanzados-, el consorcio mandó en las últimas horas una carta a sus empleados locales -la mayoría de los que trabajan en la obra son panameños- pidiéndoles que se queden en casa. El motivo es que aún les debe el último salario semanal y los fondos disponibles se agotan a marchas forzadas.

Eso sí, el GUPC les aclara que no están despedidos y que sus contratos siguen en vigor. Es una medida «temporal» mientras no se resuelvan los problemas financieros que rodean al proyecto, explican desde el consorcio. «Es obvio que con menos dinero cada vez para pagar a empleados y contratistas, las obras se ralentizan mucho», explican. Pero, ¿cuánto? «Están a muy bajo ritmo», reconocen, aunque niegan que se hayan parado del todo porque el trabajo en las oficinas continúa.

Las imágenes, al margen de la polémica entre ambas partes sobre en qué grado prosiguen los obras, resultan reveladoras. Donde hace dos meses se podía ver un hervidero de varios miles personas trabajando a destajo para terminar el tercer juego de exclusas del Canal, ayer apenas se observaban unas decenas, amén de una flota de camiones, excavadoras, grúas y otra maquinaria pesada casi totalmente parada.

El Parlamento interviene

¿Y qué dicen en Panamá? Pues mientras el presidente Ricardo Martinelli ha llamado a «cerrar filas» en torno a la Autoridad del Canal ante los «sombrerazos (golpes)» que recibe desde el consorcio, la Asamblea Nacional pidió ayer que comparezca en sede parlamentaria -la cita será el miércoles próximo- su administrador, Jorge Quijano, a fin de explicar qué pasará ahora con el proyecto. Los diputados quieren que les explique los pormenores de la negociación, en aras a valorar si aún existe posibilidad de alcanzar una solución negociada a corto plazo.

Así lo cree, al menos, el embajador panameño en España, Roberto Arango, quien piensa que todavía «podría haber una ventana de oportunidad» para el acuerdo. En declaraciones en Onda Cero, confirmó que las conversaciones siguen «interrumpidas, pero no se ha puesto el punto final» -eso sí, también mantuvo que el Ejecutivo sigue contando con «un escenario alternativo» (un nuevo contratista) para concluir el proyecto-. En ello insisten también la propia Autoridad del Canal y el consorcio de Sacyr. Fuentes de este último hablaron ayer de «abrir un tiempo de reflexión» donde, «con la cabeza muy fría» y durante varios días, ambas partes valoren «un último esfuerzo».

Y es que el tiempo corre en contra de ambos. Para Panamá, porque los trabajos se enfrentan a un retraso sobrevenido de entre tres cinco y años más -según el GUPC- en unas obras que ya arrastraban una demora de casi un año, y que se prevé concluir en junio de 2015. Para el consorcio, amén de las perdidas -Sacyr e Impregilo se habían anotado unos ingresos que ahora decaerían- y el cruce de reclamaciones con la ACP -que terminarán en un arbitraje internacional, sin descartar incluso los tribunales-, verían como se ejecuta su fianza de 400 millones de dólares.

Los analistas del Banco Sabadell estiman una minusvaloración mínima de 200 millones para Sacyr (el 12% de su capitalización) si se rompe la negociación de forma definitiva. No obstante, el mercado aún parece confiar en un acuerdo de última hora, como lo demuestra que las acciones de la constructora, que cayeron el miércoles un 6,8%, subieran ayer un 2,4%.