La Almoraima necesita diálogo

La finca de La Almoraima, en Castellar de la Frontera, es un caramelo amargo que se ha indigestado en los despachos del Gobierno de la Nación y también en los de la Junta. Las diferencias políticas entre ambas administraciones se han dejado sentir finalmente en un asunto tan delicado como es el futuro de esta finca de 14.000 hectáreas de alto valor ecológico. Unos y otros han iniciado una guerra por separado sin pensar en el daño que están ocasionando. Priman los intereses políticos por encima de los generales. El Gobierno de España es el titular de este pulmón verde, ubicado en el corazón del Campo de Gibraltar, y es partidario de venderlo a inversores privados para desarrollar un complejo hotelero en una de sus zonas. El Ministerio insiste en que es compatible el uso hotelero con el medio ambiente y basa su defensa en el impacto económico que supondrá para el Campo de Gibraltar esta inversión privada de más de 300 millones de euros. La Junta, por el contrario, se opone a esta maniobra y defiende el grado de protección de la finca por encima de todo. El Ministerio es el dueño de La Almoraima y necesita de la Junta para emprender cualquier en ella cualquier operación. No olvidemos que la Administración regional tiene las competencias en esta materia y es, por tanto, quien autoriza o no cualquier tipo de actuación. El futuro de La Almoraima necesita con urgencia un acuerdo y el consenso pasa por sentarse a negociar ambas partes. El Ministerio está obligado a explicar con detalle qué planes de inversión pesan sobre La Almoraima y si cuadran con la normativa medioambiental. La Junta, por su parte, no se puede empecinar en el no por respuesta. La provincia necesita la inversión y el Gobierno regional está obligado a velar por los intereses de todos. Diálogo.