Colombia espió en La Habana a los negociadores de la paz

No es un secreto que el proceso de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tiene detractores. Pero la revelación de que el Ejército estaba espiando las comunicaciones de los dos principales negociadores de Juan Manuel Santos en La Habana ha desatado el escándalo. Ayer el presidente pidió llegar hasta el fondo para dar con las «fuerzas oscuras» detrás de unas escuchas, que calificó de «inaceptables», y de su posterior filtración. Desde la oposición piden la renuncia del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

El nuevo caso de «chuzadas», como llaman en Colombia a las interceptaciones ilegales de comunicaciones, lo destapó la noche del lunes la revista Semana. Informó de que la Fiscalía realizó un espectacular allanamiento diez días atrás en una oficina situada en el segundo piso de un local -un restaurante de Bogotá- donde se incautaron 26 ordenadores camuflados tras una puerta falsa. Sólo una persona fue interrogada pero quedó en libertad. Se relacionan con el caso al menos otras seis. Los jefes serían un capitán y tres cabos que llevan un año en el espionaje sin autorización oficial. Se desconoce si actuaban por libre o por encargo de algún alto mando. Lo llamaron 'operación Andrómeda' y recolectaban información de correos electrónicos y conversaciones de Blackberry y Whatsapp del jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle, y de Sergio Jaramillo, así como de varias ONG e integrantes de la oposición como Piedad Córdoba y el diputado Iván Cepeda. La Fiscalía presume de que no eran expertos en el tema porque en el lugar de los hechos encontraron libros sobre las tácticas del espionaje.

Según el reportaje, algunos 'hackers' fueron reclutados para obtener información desde móviles, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Agrega que también participaron agentes estadounidenses de la CIA. El objetivo era recopilar detalles de las conversaciones que desde noviembre de 2012 ha mentenido el Gobierno con representantes de la guerrilla de las FARC. Santos es optimista y espera alcanzar un acuerdo -ya se han pactado dos puntos y se discute sobre el tema de las drogas- que ponga fin al único conflicto armado de América Latina con más de medio siglo de antigüedad.

Obstáculos en el camino

El presidente, consciente de que hay personas y grupos de poder poniendo zancadillas, ordenó al ministro de Defensa, y a los comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército qué investiguen hasta dónde ha podido llegar este uso ilegal de la Inteligencia. «¿Quién está detrás de esto, quien está interesado en investigar, grabar e interceptar los negociadores de paz?», se pregunta. «Si hay ruedas sueltas dentro del Ejército ¿A quién están informando, quién filtró la información, por qué anoche se divulgó súbitamente esa información, con qué objetivo? Si la información que se filtró es toda o es sólo una selección de documentos».

Algunos agentes de las fuerzas del orden coinciden con la opinión del expresidente Álvaro Uribe, uno de los más férreos opositores a negociar con los rebeldes, ya que su opción es doblegarlos por la vía militar. Mientras no se firme un acuerdo, Santos mantendrá los operativos contra las guerrillas. Pero en un escenario de paz, el papel del Ejército lógicamente cambiaría a medio o largo plazo. El mandatario rechazó ese tipo de procedimiento ilegal porque, dijo, «la Inteligencia es una obligación del Estado», para todo tipo de delincuentes y actividades ilícitas.

Por su parte, Iván Cepeda solicitó la renuncia de Pinzón «independientemente de si se establecen o no otros responsables, por omisión de esta situación tan grave». El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, calificó de «muy graves» las revelaciones. Dijo que para superar los casos de «chuzadas» se debe investigar muy a fondo y si se prueba, se deben aplicar «las sanciones de rigor» y « las medidas para poner punto final a estas prácticas que deslegitiman la institucionalidad».