La antigua cúpula de Caja Madrid tendrá que declarar por las preferentes

Medio año después de admitir a trámite las primeras querellas contra la antigua cúpula de Caja Madrid por la comercialización aparentemente irregular de participaciones preferentes, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu citó ayer a declarar para dentro de un mes al expresidente de la entidad, Miguel Blesa. También deberán comparecer en esta causa, derivada del procedimiento abierto para esclarecer las irregularidades que rodearon la creación de Bankia a finales de 2010 -resultado de la fusión de siete cajas de ahorros- y su posterior salida a Bolsa, los seis miembros de su antiguo consejo de administración -entre ellos Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE, cargos políticos de distinto signo y sindicalistas- y otros cinco exdirectivos, incluidos dos de Bancaja.

El instructor del caso les ha citado a todos en la primera semana de marzo (entre los días 3 y 7, y en interrogatorios vespertinos). La primera de las comparecencias y, sin duda, la que más expectación generará, será la del propio Blesa, quien ya tiene abierto otro proceso en los juzgados de instrucción madrileños por la polémica compra de un banco en Florida con un aparente sobreprecio millonario que habría perjudicado a Caja Madrid.

En los 8.777 correos electrónicos intervenidos al exfinanciero, cuya posible incorporación a la causa aún está en cuestión -la Fiscalía Anticorrupción aceptaría aquellos que tienen que ver directamente con las preferentes, pero no una agregación masiva y genérica para evitar posibles nulidades-, tanto el propio Blesa como sus principales asesores muestran cierto recelo respecto al éxito que tendrá la emisión de este controvertido producto de inversión, calificado de alto riesgo.

Captar a toda costa

«Si a los sindicatos (de banca) no les gusta, probablemente será un buen producto», le decía al entonces presidente de la caja su director general de Negocio, Matías Amat. Antes, el primero le había destacado el sorprendente éxito de las emisiones -hubo «récord de colocación en un día», decía-, e incluso había apostillado con ironía: «Y eso que hemos engañado a los clientes». Bromas de dudoso gusto aparte, lo cierto es que el propio Blesa también dejaba entrever su preocupación en algunos de esos correos.

Amat le apuntaba que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) había autorizado ya la venta de preferentes -tiempo después, al estallar la polémica, detectaría irregularidades por la colocación de estos productos entre familias y pequeños ahorradores sin conocimientos financieros- y expresaba su confianza en que «todo irá bien», a lo que su jefe le respondía «Dios te oiga», al tiempo que mostraba su «miedo» por los «excesos de celo» que pudieran existir desde algunas de las propias oficinas de la caja.

Con o sin el recurso a esos controvertidos correos, los interrogatorios del juez versarán sobre la preparación de las emisiones de preferentes, sobre todo las hechas en 2010 y principios 2011. Las acusaciones personadas, tanto varias asociaciones a título colectivo como decenas de afectados de forma particular, sospechan que se pudieron cometer irregularidades para primar a toda costa la captación de fondos que ayudarán a mostrar una situación saneada de las finanzas de Caja Madrid que no se correspondía con la realidad.

Algo similar pensaban los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia cuando en mayo pasado ordenaron a Andreu reabrir este pieza. El juez aprecia indicios delictivos -estafa, maquinación para alterar el precio de las cosas y/o publicidad engañosa, según reza en las querellas admitidas- en la polémica comercialización de las preferentes, pero no puede determinar por ahora quienes serían sus presuntos responsables. Por eso, se limita a citar a los querellados bajo dicha condición, similar a la de imputado porque pueden ir acompañados de abogado e incluso mentir para no perjudicarse así mismo, aunque no se les impute todavía un ilícito penal concreto a cada uno.