El nuevo activismo chino también choca con la hoz y el martillo

«Con esta sentencia desaparece el último hálito de dignidad que le quedaba a la justicia china». El pasado día 26, Xu Zhiyong no pudo mostrar con más contundencia lo que sintió al conocer que el tribunal de Pekín que lo juzgaba «por haber reunido a una multitud para alterar el orden público» había decidido condenarlo a cuatro años de prisión dos semanas después del nacimiento de su primera hija. Esas palabras las articuló en su nombre el abogado que lo ha defendido, al que la Policía se llevó a empellones para que no continuase hablando con la prensa extranjera que antes también había sido expulsada por la fuerza de los alrededores del juzgado. El caso puede parecer uno más entre la multitud de disidentes políticos y activistas sociales que China ha encarcelado en los últimos años.

Pero no lo es. Xu es uno de los fundadores del movimiento Nuevo Ciudadano, cuyo objetivo tiene muy poco que ver con las reformas democráticas que exige el Premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo -encarcelado-, las libertades que reclama el molesto artista Ai Weiwei -arrestado en varias ocasiones y multado-, o las ampollas sociales que levanta el activista ciego Chen Guangcheng -exiliado en Estados Unidos-. No, Xu y sus correligionarios lo que piden es que se combata la corrupción y que los líderes comunistas hagan público su patrimonio. Y que se cumpla lo que ordena la propia Constitución de la República Popular.

Teóricamente, nada en su ideario choca con el del Partido Comunista. Es más, el propio presidente chino, Xi Jinping, se ha embarcado en una cruzada contra la corrupción, consciente de que es un elemento potencialmente peligroso para la siempre frágil estabilidad social. Entonces, ¿cuál es el problema con el movimiento Nuevo Ciudadano? Diferentes analistas políticos coinciden en que supone una amenaza para el Gobierno porque atenta contra el monopolio que ostenta en la iniciativa social y en el proceso de 'limpieza' del Partido.

«En un mundo globalizado, en el que la información llega antes por las redes sociales que por los medios de comunicación tradicionales, los ciudadanos, cada vez más informados y más concienciados sobre las desigualdades sociales, exigen un comportamiento ejemplar a sus líderes», asegura el sociólogo de la Universidad de Fudan, en Shanghái, Xu Anqi.

Hasta ahora, su descontento quedaba relegado al ámbito privado, pero Internet lo ha hecho público. Y, aunque de momento se trata de una cuestión que afecta casi exclusivamente a la corrupción, los dirigentes de Pekín temen que sea el comienzo de una larga serie de demandas que podría terminar por cuestionar el sistema en sí mismo.

«Una desgracia»

«Llegará el día en el que 1.300 millones de personas abandonen su estado de sumisión para convertirse en orgullosos ciudadanos que ejercen sus derechos constitucionales. Ese día China será regida por un sistema político civilizado y por una sociedad civil feliz en la que prevalecerán la libertad y la justicia», leyó Xu al final del juicio hasta que el juez le interrumpió porque consideraba que sus palabras eran «irrelevantes». Pero el Gobierno no debe de considerarlas tan irrelevantes, porque el jueves condenó a otros dos miembros de Nuevo Ciudadano por el mismo delito. Lo mejor, creen, es cortar cualquier disidencia de raíz.

Alex Lo, columnista del diario South China Morning Post, considera que la actitud de Pekín en este caso es «una desgracia», y varias organizaciones pro derechos humanos denuncian que la persecución de Nuevo Ciudadano es una muestra clara de que las prometidas reformas políticas son una farsa, y añaden que el proceso va incluso contra la legalidad del país. «Las autoridades chinas demuestran que prefieren el Estado del Miedo al Estado de Derecho», sentenció la directora del departamento de Investigación de Amnistía Internacional para el este de Asia, Roseann Rife.