Una asociación de jueces pide la nulidad de la renovación del Poder Judicial

El recién nacido Consejo General del Poder Judicial está bajo sospecha. El Tribunal Supremo debe decidir en los próximos meses si anula o no los nombramientos de los 20 vocales que el Congreso y el Senado, previo pacto de PP, PSOE, IU, CiU y PNV, acordaron en noviembre, y si invalida también la posterior designación de Carlos Lesmes como máximo responsable de la institución y, al tiempo, como presidente del propio alto tribunal.

El Supremo, que comenzó a analizar esta situación a mediados de enero, tras admitir a trámite un recurso en tal sentido de Unión Progreso y Democracia, tiene ahora otro mandato. La segunda mayor asociación de jueces, la Francisco de Vitoria, ha acordado impugnar ante el alto tribunal las designaciones parlamentarias de los doce vocales del Consejo procedentes de la carrera judicial y la del propio Lesmes.

Este colectivo de magistrados de corte moderado persigue que el Supremo declare que los nombramientos son «ilegítimos» por entender que los grandes partidos y el Gobierno han violado la ley al reducir las designaciones a «un cambalache» para repartirse los puestos en el Consejo según su peso electoral. Este extremo, aseguran, está expresamente prohibido por la sentencia en la que el Tribunal Constitucional marcó en 1986 las líneas rojas para la realización de las designaciones. Extienden la contaminación al propio Lesmes porque recuerdan que, aunque la ley prevé que el presidente sea elegido por los 20 vocales, su más que segura nominación se conocía desde hacía semanas por ser una persona «de la confianza del ministro de Justicia» y por estar su nombre pactado entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición.

«Injerencia»

Francisco de Vitoria, en definitiva, demanda la nulidad de los nombramientos por considerar acreditada «una injerencia de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria y del propio poder Ejecutivo en tal elección». Este proceder, denuncian, trae como consecuencia la deslegitimación de la institución que tiene que garantizar de hecho la independencia de los jueces y tribunales ante el resto de poderes y que tiene en su mano los nombramientos de la cúpula judicial, la inspección y el régimen disciplinario. La asociación decidió dar este paso inédito porque considera que la invasión política del máximo órgano de gobierno de los jueces se produce en un momento que, debido sobre todo a los casos de corrupción, se están produciendo «intensos» ataques contra la independencia de muchos jueces.

La asociación también aspira, aunque con menor esperanza, que el Supremo declare inconstitucional el actual sistema de designación parlamentario de los doce vocales judiciales, que creen que deberían ser elegidos directamente por la carrera.