La Policía recomienda que la infanta recorra en coche la rampa de acceso al juzgado

Más de 200 policías, agentes de la Casa Real y el completo blindaje de la manzana en la que se ubican los juzgados de Palma no es un despliegue suficiente para garantizar la seguridad total de la infanta Cristina el 8 de febrero. La Policía cree también indispensable para su completa protección que la hija del Rey no recorra a pie la rampa que conduce a la puerta de atrás de la sede judicial, un lugar al que solo tendrán acceso los medios de comunicación y que se encuentra a más de 400 metros del cordón de seguridad, que no podrán traspasar los curiosos y los posibles manifestantes. Un público que, en ningún caso, llegará siquiera a ver a la imputada.

La Jefatura Superior de Policía de Baleares y la Delegación del Gobierno en las islas entregaron ayer al decano de los juzgados de Palma, Francisco Martínez Espinosa, un informe en el que recomiendan que la hija del Rey llegue en coche hasta la misma puerta del juzgado de guardia, único acceso al edificio abierto durante el fin de semana, por «estrictos motivos de seguridad».

Según explicaron fuentes del caso, el documento pone el acento en el riesgo que supone la concentración antimonárquica que diversos colectivos republicanos, independentistas e indignados, han convocado en los aledaños de los juzgados de Vía Alemanya a las diez de la mañana del 8 de febrero a la misma hora que el interrogatorio a Cristina de Borbón. Una convocatoria que ya ha sido autorizada por la Delegación de Gobierno.

Esa protesta ya centró buena parte de la reunión que el lunes celebraron en la capital balear miembros de los equipos de seguridad de la Casa Real, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local de Palma y en la que participó la delegada del Ejecutivo en las islas, Teresa Palmer. En ese encuentro ya se acordó que la recomendación al decano fuera que la esposa de Iñaki Urdangarin no recorra a pie los 40 metros de la cuesta, aunque ninguno de los manifestantes podrá siquiera acercarse a la calle que da acceso a esa famosa rampa. Sin embargo, el informe policial insiste en que la infanta podría ser el objetivo de lanzamiento de objetos.

Con ese informe encima de la mesa, el decano será quien decida si, como pide la Policía, la infanta llega en coche hasta el juzgado. Martínez Espinosa tiene previsto hacer pública su decisión final hoy, aunque nadie en los juzgados de Palma duda de que el decano hará suyos los argumentos de la Jefatura y permitirá a Cristina de Borbón ahorrarse el paseíllo.

Así lo hizo en febrero de 2012, cuando Interior, en la primera declaración de Iñaki Urdangarin, emitió un informe casi idéntico al de la infanta recomendando que el duque no llegara a pie. Entonces Martínez Espinosa autorizó que llegara en coche, aunque el marido de la infanta prefirió hacer el paseíllo e, incluso, hacer declaraciones a la prensa. Como ocurrió con su esposo, también la infanta tendrá en cualquier caso la última palabra sobre si recorre a pie o no ese tramo, aunque tenga la autorización del decano para ahorrarse ese mal trago.

Suspicacias

El informe de la Policía recomendando que doña Cristina no haga el paseíllo provocó las suspicacias de la oposición. El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, señaló que lo «importante es que los ciudadanos entiendan y sientan que la Justicia es igual para todos». Más duro se mostró el líder de IU, Cayo Lara, quien aseguró que con ese informe «se demuestra una vez más que en este caso la prejusticia no es igual para todos». Según Lara, es una «mala decisión» evitar el paseíllo a la hija del Rey.

Por otro lado, la defensa de Diego Torres recurrió la decisión del juez de que la declaración de la infanta no sea grabada en vídeo. En su escrito denunció que esta medida supone un «trato dispar, incompatible con el principio de igualdad de los ciudadanos» y que, además, «no tiene amparo legal de ninguna clase».