El Supremo defiende el uso del castellano como lengua vehicular en Cataluña

Los tribunales vuelven a dar la razón a quienes defienden que el castellano también debe ser lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña. En concreto el Tribunal Supremo rechazó ayer un recurso de casación interpuesto por la Generalitat contra un auto que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en enero de 2013, que instaba al Gobierno autonómico a adoptar «las medidas necesarias» para incorporar el castellano como lengua vehicular en la enseñanza junto al catalán, tras la demanda presentada por la familia de un alumno. Este fallo escribe un nuevo capítulo en el culebrón judicial entre varias familias y la Generalitat sobre el derecho de los niños a recibir la educación en castellano y que en la mayoría de los casos se decantan a favor de los primeros.

En este caso concreto, la Generalitat interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el mismo TSJC que lo desestimó, por lo que llevó el caso al Supremo, que corroboró la sentencia del tribunal catalán, el cual instaba a la Consejería de Educación a adoptar «cuantas medidas sean necesarias para adaptar el sistema de enseñanza lingüística, en cuanto afecte a los hijos del recurrente, a la nueva situación creada por la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional (TC)».

El Supremo recordó que el auto del TSJC da la razón a los recurrentes, aunque no en todo lo solicitado, puesto que no hace referencia a la proporción y equilibrio que debe existir entre catalán y castellano, mientras que los padres pedían para su hijo y sus compañeros «una enseñanza conjunta de las dos lenguas oficiales, de forma proporcionada y sin desequilibrios entre ellas».

Además, el Supremo aseguró que la medida cautelar «intenta salvaguardar que la futura sentencia pueda ser cumplida, y que su pronunciamiento tenga un efecto útil, soslayando que se produzcan situaciones irreversibles». El tribunal explicó que estas situaciones pueden tener lugar por la demora en la aplicación del sistema que alumbra la sentencia del Constitucional sobre la inmersión lingüística: «Teniendo en cuenta el paso del tiempo, y el retraso en su aplicación, curso tras curso, genera a los alumnos un perjuicio que puede ser irreparable a los efectos pretendidos en el recurso».

Convivencia Cívica, la plataforma que ha dirigido algunos de estos recursos, afirmó que hay una docena más de casos pendientes de sentencia en el Supremo, y lamentó la «recalcitrante» actitud de la Consejería de Enseñanza por denegar las solicitudes que estos padres han llevado a la administración.

La decisión del Alto Tribunal también fue recibida con satisfacción desde el PP catalán. «Estoy muy satisfecha de la respuesta del Supremo, porque demuestra que el PP está defendiendo lo que dicen el Estatut y la Constitución: que los catalanes tienen derecho a un modelo de bilingüismo integrador y a la proporcionalidad de catalán y castellano en la escuela», aseguró la presidenta del PPC Alicia Sánchez-Camacho. Además, la dirigente popular destacó que esta decisión judicial «demuestra cómo Mas no cumple las leyes y el Estatut, y le pediría que cumpla las sentencias».

Precisamente, para resolver las quejas sobre el incumplimiento por parte de la Generalitat de las distintas sentencias de los tribunales sobre el modelo lingüístico, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, introdujo un polémico artículo en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) sobre el castellano como lengua vehicular en las comunidades con lengua cooficial. En concreto, la normativa estipula que la Generalitat deberá hacerse cargo del coste de escolarización en un centro privado de un alumno que quiera recibir la educación en castellano y no pueda hacerlo en un centro público. En caso de que la Generalitat no lo hiciese, el Estado se haría cargo de ese importe y se lo descontaría a Cataluña del montante total de las transferencias autonómicas. Este punto se ha convertido en el verdadero asunto de discordia entre el Ministerio y la Generalitat en relación a la ley.

Donde la sentencia del Supremo no sentó nada bien fue en ERC. La portavoz del partido independentista, Anna Simó, criticó al Tribunal Supremo por «extralimitarse» con sus decisiones sobre la educación catalana. «El Supremo intenta aplicar a todos los alumnos catalanes un modelo que demandan unas pocas familias», aseguró. Por su parte, el líder del PSC, Pere Navarro, recordó que el modelo de inmersión lingüística se ha demostrado como «un modelo de éxito».