Ignacio González cede y paraliza la privatización de seis hospitales madrileños

Lo que no consiguieron los miles de manifestantes de la 'marea blanca', las millones de firmas recogidas o las huelgas de los profesionales sanitarios lo han logrado los tribunales. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció ayer la paralización del proceso de privatización de seis hospitales públicos de la región después de conocer unas horas antes la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que confirmaba la suspensión cautelar del proceso. Un nuevo revés judicial que precipitó la decisión de González y tuvo como primera víctima política al consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, que presentó su dimisión. De esta manera el Gobierno regional cede y pone fin a un plan que ha suscitado numerosas protestas y ha puesto en pie de guerra a toda la comunidad sanitaria.

«El Gobierno ha decidido dejar sin efecto el proceso de la externalización de la gestión sanitaria a la vista de la resolución dictada por los tribunales», explicó González con gesto serio en una rueda de prensa junto al ya exconsejero Lasquetty. El presidente madrileño justificó la paralización para terminar con esta situación de «incertidumbre y de falta de seguridad», en referencia al vía crucis judicial desatado desde que aprobaran el plan. En este sentido, González cargó contra los tribunales por el tiempo que han tardado en pronunciarse. «No parece razonable que para la adopción de una medida cautelar lleven más de siete meses sin tener definida la situación», subrayó.

El líder del Ejecutivo madrileño negó que renunciar a este plan suponga un «fracaso» a pesar de que se tratara de un proyecto estrella de su Gabinete, en el que se implicó personalmente desde que asumió la presidencia. Y es que para González llueve sobre mojado, ya que la frustración de este plan se une al fiasco de Eurovegas y al fracaso de los Juegos Olímpicos

En cualquier caso el presidente regional insistió en que la renuncia a la externalización no supondrá ningún recorte adicional, pero sí obligará a seguir ajustando el gasto mediante la introducción de medidas de eficacia. Una de las dudas más importantes tras la paralización tiene que ver con una posible indemnización a las tres empresas adjudicatarias de los hospitales (Ribera Salud, Sanitas y la puertorriqueña Hima San Pablo). González no aclaró la situación, aunque aseguró que los terceros afectados «lógicamente» tendrán que acatar la decisión judicial.

Prueba de las trascendencia política de la paralización del plan es la dimisión del 'cerebro' de la operación. «He decidido dejar el cargo de consejero porque yo fui quien propuse este proyecto, lo puse en marcha y las circunstancias lo han hecho imposible», explicó el ya exconsjero Lasquetty, que será sustituido por Javier Rodríguez, actual portavoz de Sanidad del PP en la Asamblea de Madrid.

Varapalo judicial

La decisión de renunciar a las privatizaciones se aceleró cuando la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM decidió por la mañana mantener la medida cautelar de suspensión del proceso para evitar «perjuicios de imposible reparación». En su argumentación los magistrados golpearon contra la línea de defensa del Gobierno al considerar que los cálculos de ahorro esgrimidos por la Comunidad son «meramente estimativos e hipotéticos que pueden no responder después a la realidad».

Además, insistieron en que el interés público exige «proceder con cautela para evitarle los graves e irreparables daños que se producirían en caso de que la resolución administrativa se ejecutara y después tuviera que anularse». De esta manera el tribunal daba la razón a otra sentencia de la sección tercera de la Sala, que se pronunció en el mismo sentido tras analizar un recurso presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM).

Precisamente, desde esa asociación se mostraron «muy contentos» por la paralización. «Nos alegra que se retire el plan, pero han tomado esta decisión demasiado tarde. Es una pena que llevemos un año de retraso en el que podíamos estar ya trabajando por mejorar la sanidad pública», explicó la portavoz del sindicato Fátima Brañas. Además, desde AFEM lamentaron la elección de Javier Rodríguez como sustituto de Lasquetty y recordaron que el nuevo consejero de Sanidad «ha utilizado el mismo intento de desacreditación hacia los profesionales de la sanidad que su predecesor».