'Caso Pavlov', un asunto de Estado

El caso de Alexander Pavlov, el opositor kazajo preso en la cárcel madrileña de Soto del Real desde diciembre de 2012 a la espera de que el Gobierno decida sobre su extradición, se enreda. La ONU ha urgido al Ejecutivo de Mariano Rajoy a que impida su entrega a Kazajistán debido a los «temores bien fundados» de que estaría en riesgo de ser torturado o sometido a un juicio injusto. Pavlov está acusado de un delito de estafa y otro de terrorismo, y la Audiencia Nacional acordó su traslado el 8 de noviembre, aunque la decisión final depende del Consejo de Ministros.

Dos expertos independientes de Naciones Unidas especializados en torturas y derechos humanos, Juan Méndez y François Crépeau, se han unido a PSOE, IU, UPyD y CIU, y a diversas ONG para recordar al Gobierno que tiene que salvaguardar los derechos e integridad física de Alexander Pavlov, de 37 años. Se trata del exjefe de la escolta de Muktar Ablyazov, oligarca y principal opositor del presidente kazajo Nursultán Nazarbáyev, que gobierna el país con mano de hierro desde 1989. Kazajistán posee grandes reservas energéticas.

La preocupación de los relatores de la ONU es evidente. Méndez considera que «todos los países deben asegurarse de que no existe riesgo alguno de persecución, tortura o trato degradante al aprobar la extradición de un individuo» como Pavlov, casado y con dos hijas menores. Mientras que Crépeau cree que «los derechos humanos de los extranjeros no son menos importantes que los de los ciudadanos del país».

La presión al Ejecutivo también llegó desde el Congreso, donde el pasado 10 de enero tuvo que responder a UPyD que, de momento, no ha llegado a «ningún acuerdo» con Kazajistán sobre este asunto. Pero la sospecha de las organizaciones pro-derechos humanos es que al final primarán los acuerdos comerciales entre ambos países -Rajoy viajó a Astaná en septiembre para firmar acuerdos comerciales por 600 millones de euros- que la situación de Pavlov.

Jueces y CNI

La realidad es que el caso del opositor kazajo es un asunto «muy sensible», aseguran fuentes jurídicas conocedoras del proceso. En cumplimiento de una orden cursada por Interpol, Pavlov fue detenido el 11 de diciembre de 2012 en la estación de tren de Chamartín, en Madrid, a la que llegó procedente de París. Dos meses después pidió asilo político desde su celda, pero se le denegó.

En noviembre la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolvió, por diez votos contra siete, a favor de su extradición tras un intenso debate, donde salió a relucir la precaria situación de los derechos humanos en el sexto productor mundial de gas. Y el posterior recurso de casación del opositor kazajo ante el Constitucional fue rechazado.

Los magistrados de la Audiencia Nacional favorables a su entrega tuvieron en cuenta un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que aseguraba que su presencia en España constituía un «potencial» peligro para la seguridad nacional interior y exterior. No obstante, reconocieron que los datos recabados no eran del todo fiables y que las acusaciones de terrorismo no se habían podido contrastar, en referencia a la presunta implicación de Pavlov en un atentado con explosivos en un parque de la ciudad kazaja de Alma Ata, que fue frustrado.

El otro delito es un fraude bancario de 22,5 millones, aunque el CNI cree que el disidente solo ayudó a su jefe a sacar o destruir documentos del banco BTA y por ello el régimen de Nazarbáyev quiere su extradición y obtener información del entorno del opositor Ablyazov, asilado ahora en Reino Unido.

El refugio de Ablyazov se produjo antes de que su mujer e hija de seis años fueran detenidas y expulsadas de su casa de Roma en julio y llevadas en un avión privado a Kazajistán. La entrega generó un escándalo político de primera magnitud en Italia y dejó tocado al Gobierno de Enrico Letta. En el caso de su lugarteniente Pavlov, la decisión del Gobierno español también es un asunto de Estado.