Ruz ha verificado al menos 53 apuntes de los 'papeles de Bárcenas' en un año

El 2 de febrero pasado, 48 horas después de que los 'papeles de Bárcenas' vieran la luz y removieran los cimientos de la cúpula del PP, Mariano Rajoy salió a la palestra para responder a las graves acusaciones de cobros de sobresueldos en negro y financiación irregular de su partido ante un angustiado Comité Ejecutivo Nacional reunido de urgencia. «Cualquier irregularidad que se sospeche a partir de los papeles apócrifos no responden a la verdad», sentenció entonces.

Dos días después, el presidente del Gobierno aterrizó en Berlín para reunirse con su homóloga Ángela Merkel. Con la tormenta convertida ya en ciclón, volvió a negar las revelaciones del extesorero, pero con algún matiz. «Todo lo que se refiere a mí y que figura allí, y a algunos compañeros míos de partido que figuran allí, no es cierto salvo alguna cosa», declaró.

Así, en pocas horas, Rajoy modificó su versión inicial y dejó de poner la mano en el fuego por todas aquellas personas reflejadas en los papeles «apócrifos» del extesorero del PP. Algo había cambiado. La novedad era el reconocimiento de algún implicado de que, efectivamente, su presencia en la contabilidad paralela que manejó Bárcenas era cierta.

Este fue el caso del presidente del Senado, Pío García Escudero, quien admitió que recibió un «préstamo» de cinco millones de pesetas, luego devuelto, de la Tesorería del PP para arreglar su casa, afectada de forma casual por un atentado de ETA en agosto de 2000 en Madrid.

Esta fue la primera certeza de que los 'papeles de Bárcenas', esos manuscritos en 14 hojas de un cuaderno cuadriculado en donde el extesorero registró durante 18 años algunos episodios contables de la vida del partido, no eran ficticios ni simulados. Es más, con el transcurso de la investigación se ha demostrados que los apuntes están más vivos que nunca. Los datos lo confirman.

Este viernes se cumple un año desde su publicación en 'El País'. De lo instruido hasta la fecha por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se ha logrado comprobar la veracidad de al menos 53 anotaciones contenidas en la contabilidad paralela, tanto en los manuscritos como en las hojas Excel correspondientes al periodo 1993-1998, que fueron aportadas por Bárcenas en su declaración judicial del 15 de julio pasado, cuando decidió tirar de la manta.

Los 53 apuntes autentificados van desde 1991 hasta 2008, representan el 12% de las 456 anotaciones, cuatro de ellas ilegibles, según los investigadores, y proceden tanto de las declaraciones positivas de los implicados en sede judicial, del cruce de las notas del extesorero con la contabilidad oficial del PP, como de los informes de la Policía Judicial y otros organismos de control, como la Agencia Tributaria e Intervención General de la Administración del Estado.

La frontera del delito

Estas verificaciones en un año de instrucción suponen un «salto cualitativo», ya que se trata de cotejos con un grado de credibilidad alto que pudieran derivar en delitos fiscales, contables, cohecho o falsedad documental, admiten fuentes de la investigación. Pero en esta amalgama de elementos punibles, un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) del 30 de septiembre trazó una línea sobre aquellas anotaciones que, de ser ciertas, ya habrían prescrito y las que no.

En virtud de las responsabilidades tributarias particulares y del límite no declarado de 120.000 euros para alcanzar el delito fiscal, sumas inferiores solo serían falta, la ONIF marcó el 2007 como frontera para investigar los 'papeles de Bárcenas'. Es decir, los apuntes de entre 1990 y 2006 ya habrían prescrito y los de 2007 y 2008, último año registrado, no. Es por ello que el juez Ruz ha centrado sus pesquisas en rastrear los apuntes de ese periodo antes de cerrar la instrucción de la causa de la 'caja B' del PP.

En ese grupo se han autentificado hasta ahora nueve de los 53 apuntes positivos. Y los casos que presentan indicios delictivos son el pago de las obras de la sede nacional del PP, 888.000 euros al arquitecto Gonzalo Urquijo; la supuesta comisión de 200.000 euros recibida por el PP de Castilla-La Mancha por parte de una filial de Sacyr que acabó en manos de Bárcenas; y una entrega por esa misma cantidad al PP de La Rioja para comprar su sede. Investigación esta última que el viernes pasado dio sus primeros pasos tras un informe revelador de Hacienda.