Cataluña gravará con 3 euros al año las conexiones a internet

El Gobierno de Cataluña puso ayer sobre la mesa su intención de gravar las conexiones a Internet. En concreto, el Ejecutivo de Artur Mas plantea cobrar 25 céntimos al mes -tres euros al año- a los operadoras por cada línea contratada en la Comunidad. El fin de este nuevo tributo no es otro que abrir una nueva vía de financiación para el cine catalán, que, según sostuvo el consejero de Cultura, Ferrán Mascarell, enfrenta desde hace años crecientes dificultades para sufragar los costes de sus producciones. Con este nuevo flotador, que podría estar aprobado antes de junio, se espera recaudar cerca de 20,5 millones de euros que se repartirían en dos fondos diferentes.

«Podemos silbar o afrontar la realidad», afirmó Mascarell, quien aseguró que el bautizado como 'Impuesto a los operadores proveedores de contenidos por Internet para el fomento del sector audiovisual' está «ideado para hacer buenas películas». «Lo que nos gustaría es que las nuevas generaciones y también los mayores puedan hacer audiovisual», acotó el responsable de la política cultural del Ejecutivo autonómico.

Mascarell aseguró que la Hacienda catalana, junto a otros organismos autonómicos que gestionan las normas de consumo, vigilarán que esta medida no acabe repercutiendo en la factura de los usuarios. «No las desfalcaremos», añadió haciendo referencia al 'músculo' financiero de empresas como Telefónica, Ono, Vodafone y Jazztel, que ya han mostrado su posición contraria.

Aunque el representante del Govern auguró «que habrá debate», Aemtic hizo público horas después un contundente comunicado en el que anunció que recurrirá a la Justicia para tumbar esta tasa si es que llega a entrar en funcionamiento. La patronal tecnológica lamentó la un nuevo giro de tuerca a un sector «acorralado a impuestos» como el peaje que deben abonar para financiar Radio Televisión Española o por el uso del espectro radioeléctrico, entre otras. Unas tasas, afirma el documento, que pueden llevar a los operadores a reducir «las inversiones para el despliegue» de nuevas redes fijas y móviles.