El nuevo juez del 'caso Blesa' sólo ve «sospechas» y no todavía indicios
El expresidente de Caja Madrid, imputado, insiste en que la compra de un banco en Florida fue autorizada por el consejo y el Banco de España
MADRID.Actualizado:'Caso Blesa', año II. Tras casi 14 meses de idas y venidas -la denuncia que dio pie a esta causa fue presentada en diciembre de 2012 por el sindicato Manos Limpias-, la nueva investigación para esclarecer la polémica adquisición de un banco en Florida por Caja Madrid dio ayer sus primeros pasos formales. Lo hizo con la comparecencia como imputado del principal responsable de la operación denominada 'Palm' y expresidente de dicha entidad, Miguel Blesa. Eso sí, no hubo sorpresas en su declaración, al igual que tampoco en las que prestaron media docena de exdirectivos suyos que, a priori, pudieron jugar algún papel en aquella transacción.
Y es que asistimos a la reedición de un procedimiento que ya fue instruido en el primer semestre de 2013. El problema es que los excesos jurídicos del juez anterior (el controvertido Elpidio José Silva), asumiendo la competencia de forma indebida y encarcelando en dos ocasiones a Blesa (una sin fianza) sin haber argumentos suficientes -hechos que le obligarán a sentarse en el banquillo acusado de hasta cuatro delitos continuados, y por los que se enfrenta a 40 años de inhabilitación profesional y su expulsión de la judicatura-, han minado la investigación y obligan al nuevo instructor, el magistrado Juan Antonio Toro, a moverse con pies de plomo.
Tanto es así, que en el auto donde rechaza adoptar medidas cautelares contra el expresidente de Caja Madrid y los otros imputados -la acusación popular pidió la retirada de pasaporte- por no considerarlas «proporcionadas» ni «necesarias», el nuevo instructor deja claro que de momento sólo existen «sospechas» contra Blesa y sus antiguos colaboradores. Hará falta -añade- «una investigación más amplia» para «tener elementos suficientes» y que aquellas pasen a ser unos «indicios que, por ahora, no tenemos». No obstante, todos declararon como imputados por los presuntos delitos de abuso de posición dominante y administración social fraudulenta.
«Partimos de cero», fue su mensaje claro a las partes -señalaron fuentes jurídicas-, a fin de evitar nulidades como las que declaró la Audiencia Provincial de Madrid meses atrás tras varios recursos presentados por Blesa. Por eso ha vuelto a pedir información al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y a Bankia (donde está integrada Caja Madrid).
Los correos de Blesa
Lo que sí se descarta, en principio, es el uso de los 8.777 correos electrónicos intervenidos a Blesa, salvo casos concretos que fueran correspondientemente justificados. No en vano, algunos de esos mensajes acreditarían su insistencia por limitar los controles sobre la compra del City National Bank of Florida, una operación que se fraccionó en dos partes -en abril de 2008 la compra del 83% por 927 millones de dólares (620 millones de euros) y en noviembre el 17% restante por otros 207 millones de dólares (127 millones de euros)- de forma sospechosa, evitando así que se requiriera la autorización previa de la Comunidad de Madrid, la autoridad administrativa de la que dependía la caja.
Blesa incidió en ese punto ante el juez, al insistir en que no era necesario contar con su permiso, aunque negó que la transacción se hubiera dividido para ello. Según él, se obró así sólo por motivos fiscales para su declaración en EE UU y para facilitar que siguiera el mismo presidente del banco de Florida. Y añadió que la operación fue aprobada por unanimidad en el consejo de administración, restando importancia a las dudas de algunos consejeros y a la censura a posteriori del Banco de España, que no la impidió.