El Ejecutivo catalán avisa a Rajoy de que de una manera u otra habrá consulta

La Generalitat puso ayer casi todas las cartas que tiene sobre la mesa para celebrar una consulta soberanista el 9 de noviembre. El Ejecutivo de Artur Mas se mostró convencido de que los catalanes serán llamados a las urnas para decidir sobre el futuro político de Cataluña. «Votar, se va a votar», afirmó rotundo el portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs.

Las opciones que baraja la administración catalana son varias. Por un lado, trabaja para que el Congreso transfiera a Cataluña la competencia para celebrar referendos. Esta vía está casi descartada porque el PP, PSOE y UPyD la tumbarán cuando se vote. La siguiente posibilidad que tiene es utilizar el Estatuto catalán, que otorga atribuciones a la Generalitat para organizar consultas de su competencia, claro que está por ver si lo es preguntar sobre la independencia; o a través de la ley de consultas que tramita la cámara catalana. Para no salirse de la legalidad, la Generalitat podría plantear la consulta como una mera recogida de opinión, sin efectos jurídicos. «¿Nos van a prohibir hacer encuestas?», dijo Homs en la cadena Ser.

Si todas estas opciones fueran impugnadas, como se espera, Mas solo tendrá la carta de las elecciones autonómicas anticipadas, que tendrían carácter plebiscitario, en el que los programas electorales serán tan explícitos que dejarán claro que quien vota a una u otra opción estará dando un sí o un no a la independencia. Estos comicios es el único camino que Rajoy no puede cegar porque las elecciones autonómicas son competencia de la Generalitat.

«Pretender que no sea consultado el pueblo catalán es misión imposible, se va a votar de una manera u otra. Con elecciones anticipadas o no anticipadas», dijo Homs. La vía que está descartada, según el consejero portavoz, es la unilateral, la de sacar las urnas a la calle porque haya impugnación del Gobierno de Rajoy ante el Constitucional. El portavoz garantizó que Mas no firmará el decreto de convocatoria de una consulta si el marco jurídico que la ampare está «recurrido o suspendido». La consulta en este caso, aceptó, sería «ilegal», y la Generalitat no tiene la intención de vulnerar la ley.

No es lo mismo

Ni que decir tiene que no es lo mismo desde el punto de vista jurídico y político un referéndum como el que celebrará Escocia en septiembre que unas elecciones plebiscitarias, pero en cualquier caso la Generalitat trató ayer de rebajar trascendencia a la votación que pueda tener lugar en Cataluña, sea una u otra.

El objetivo de una consulta es, a su juicio, conocer la «opinión» del pueblo catalán sobre cómo quiere que sea su futuro político y por tanto en caso de que el voto fuera afirmativo a la secesión no sería automática, sino que «generaría la apertura de una negociación con las instituciones del Estado, una modificación de las leyes e incluso de la Constitución». El Ejecutivo catalán lleva tiempo tratando de desligar los conceptos de referéndum e independencia, como estrategia para que su propuesta no genere tanto rechazo en el resto de España.