Rajoy admite que su reforma del aborto es «controvertida» y «susceptible de mejoras»

Mariano Rajoy dio ayer muestras de que trabaja ya en cómo limar alguna de las principales aristas de la polémica reforma de la ley del aborto que, desde un principio, cosecha la repulsa unánime de todos los grupos de la oposición y, lo que es más preocupante para él, numerosas descalificaciones públicas de barones populares, algo muy infrecuente en un partido presidencialista y disciplinado como el PP, que además gobierna con una amplia mayoría absoluta.

El jefe del Ejecutivo comprobó en el Congreso que, pese a sus esfuerzos internos y externos por sacar el asunto del centro de la vida política, la primera sesión de control al Gobierno del año estuvo protagonizada por un duro debate contra su modelo de aborto, en el que escuchó cómo PSOE, IU y el resto de grupos de izquierda lo comparaban con la ultraderechista francesa Marine Le Pen, exigieron el abandono de la reforma y le acusaron de «pisotear» los derechos de las mujeres y tratarlas «como a menores de edad, locas e incapaces». Si continúa con su iniciativa, más restrictiva que la ley de 1985, se enfrentará a «una batalla democrática» en la calle y las instituciones, avisaron desde los escaños opositores.

El presidente del Gobierno, que ha tomado nota de los amagos de rebelión en el propio partido contra el texto de Alberto Ruiz-Gallardón, parece haber aparcado el discurso de defensa de la reforma contra viento y marea. Por primera vez admitió ante el Congreso que en el anteproyecto «hay algunos puntos sin duda controvertidos» y se mostró dispuesto «a hablar con todos» para lograr «algún tipo de entendimiento» y evitar que, «de nuevo», se rompa el consenso que a duras penas obtuvo la ley de supuestos elaborada por los socialistas en 1985.

Lejos parecen haber quedado las palabras de Gallardón, nunca desautorizadas por Rajoy, de que el anteproyecto sería prácticamente idéntico a la ley que se pretende aprobar dentro de unos meses. El presidente lo dejó claro cuando, en aras del consenso que ahora demanda, afirmó que el anteproyecto es «susceptible de mejoras» porque, según añadió, el PP no quiere imponer sus tesis a nadie sino «lograr una ley que sirva a la mayoría de la sociedad». Eso sí, de sus palabras también pareció deducirse que en sus cesiones no está dispuesto a ir más a allá del regreso a una ley similar a la de 1985, con la posible incorporación del supuesto de malformaciones en el feto, pero nunca a mantener el sistema de plazos aprobado en 2010.

Gallardón calienta el debate

PSOE, IU y el BNG interrogaron por la misma polémica al ministro de Justicia, a la vicepresidenta y a la ministra de Sanidad, pero ninguno aportó novedades a lo dicho por Rajoy, que marcó en exclusiva la nueva línea del Gobierno. Eso sí, Gallardón abrió otro foco de polémica cuando dijo que cree capaces a los socialistas de legislar en el futuro contra «los que efectivamente han nacido» ante su desprecio por el derecho a la vida de «los concebidos».

Fue la número dos del PSOE, Elena Valenciano, la que se encargó de dejar claro a Rajoy que, aunque ahora los propios diputados populares les digan que van a hacer concesiones, a los socialistas ya no les vale nada que no sea la retirada del actual anteproyecto para que se quede «en un cajón». «No nos van a valer» las pequeñas modificaciones, advirtió. El PSOE, avisó Valenciano, solo aceptará la actual ley de plazos. La posición de rechazo frontal de IU es idéntica.

Los socialistas, además, siguen con su intención de usar el aborto como principal ariete de oposición para desgastar al Gobierno y al PP ante las elecciones europeas del 25 de mayo. La propia Valenciano espetó al ministro de Justicia que está «atrapado» y que la radicalidad de su proyecto «le va a costar políticamente muy caro». «¡Vaya la que ha liado sin necesidad!, un gran lío en el PP y una gran afrenta a las mujeres españolas», se quejó la diputada opositora.

La portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, también atizó la polémica para zaherir a «la vicepresidenta muda». Cree que el silencio sobre este asunto de Soraya Sáenz de Santamaría indica que «o no tiene posición o no tiene fuerza política para defender sus posiciones». El desgaste se repitió minutos después con la ministra Ana Mato, a la que acusaron de «complicidad» con la «misoginia legislativa».

La avalancha opositora se cerró con una interpelación al Gobierno de IU en la que reclamó la retirada del anteproyecto de reforma de la ley del aborto. La moción derivada de esta iniciativa, que se discutirá en febrero en el pleno, será la primera votación en el Congreso contra el modelo de Gallardón y es posible que los promotores pidan votación secreta para buscar la disidencia en las filas populares.