Ya está cerrado el proyecto para rehabilitar el Consistorio

Ya está cerrado el proyecto para rehabilitar el Palacio Consistorial. Finalmente el documento se ha modificado para poder reducir la partida que se contemplaba inicialmente, de más de 12 millones de euros, y dejarla en ocho. De esta manera sí le salen las cuentas al Gobierno de José Loaiza para poder sacar adelante la actuación sin ayuda de la Junta de Andalucía, que contrajo el compromiso de financiar la mitad de su coste. Durante dos años la Junta afirmó tener el dinero, pero el Ayuntamiento no fue capaz de liberar su parte. Ahora el Consistorio no se fía y ante la falta de noticias sobre los millones que debe aportar la Junta, prefiere endeudarse (ahora que se lo permite el Estado tras cumplir sus objetivos en el plan de ajuste) para asegurar una reforma que considera que no se puede demorar más.

Una vez que ya se ha finalizado el modificado y cuenta con el visto bueno del equipo de Loaiza, la intención es darlo a conocer a las diferentes administraciones de las que depende su puesta en marcha. Hay que recordar que se trata de un edificio protegido y que por lo tanto, aunque contaba con todos los permisos, como se ha realizado una modificación del proyecto se debe revisar de nuevo por parte de la Junta. Precisamente el regidor ha pedido ya una cita con la delegada provincial de Cultura, Cristina Saucedo, y tiene previsto pedirle otra al delegado del Gobierno en la Junta, Fernando López Gil, para poder acudir con el equipo redactor del proyecto y darlo a conocer, de manera que se agilicen los trámites y se resuelva de una vez por todas si se cuenta o no con la parte de la Junta. Incluso el PP presentará una moción en el pleno pidiendo a Susana Díaz, presidenta de la Junta, que se consigne la financiación.

Precisamente el PSOE de San Fernando ha presentado una enmienda a los presupuestos con motivo de este proyecto. En el escrito expone que la actuación se puede hacer con partidas plurianuales o incluso por fases, lo que permitiría comenzarla sin necesidad de liberar los ocho millones de euros. En vez de eso los socialistas proponen utilizar tres de esos millones de euros para la creación de un plan de empleo para personas en riesgo de exclusión social.

Su portavoz, Patricia Cavada, incluso ha diseñado una fórmula de cómo se podría hacer, asegurando que con ese dinero se conseguiría sacar adelante (sumando el coste administrativo, seguros y material) un total de 825 contratos, similares a los 175 que actualmente realizan labores dentro del Plan de Exclusión Social de la Junta. De esta manera se atendería a las 1.000 familias que se encuentran en esta situación y les permitiría acogerse a nuevas ayudas sociales, tras agotar todas las prestaciones, y poder afrontar con garantías los próximos meses a la espera de que remonte la actividad económica.