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Peña Nieto blinda Michoacán
El Ejecutivo mexicano cierra las fronteras de seis estados para frenar el conflicto entre narcotraficantes y grupos de autodefensa
LA HABANA. Actualizado: GuardarEl Gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, en estrecha colaboración con los gobernadores de Jalisco, Guanajuato, Edomex, Guerrero, Querétaro y Colima, han acordado blindar sus fronteras con el estado colindante de Michoacán para evitar que los denominados Caballeros Templarios, aplicando el efecto cucaracha, se extiendan a sus territorios.
El operativo conjunto busca cercar al cártel de narcotraficantes e impedir la huida de sus integrantes, que también sufren la presión de los grupos locales de autodefensa. Las acciones combinadas de diversos agentes han posibilitado la detención de 46 personas, entre ellas la de Jesús Vázquez Macías, 'El Toro', presunto líder de una célula de los Caballeros Templarios en Aguililla.
El Ejecutivo tomó cartas en el asunto después de que la Policía ciudadana, que el 17 de febrero cumplirá un año desde que salió a la calle a defender sus pueblos, ganase fuerza y tomase municipios ante la inacción del gobernador michoacano Fausto Vallejo.
Implícitamente, Peña Nieto lo reconoció al crear por decreto el 15 de enero la figura del Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, que según los expertos mermará el poder de Vallejo. Lo que nadie sabe es cómo o cuando le devolverán estas competencias. El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lidera la campaña para «desmovilizar» a las autodefensas que exigen del Gobierno la detención de los Templarios antes de entregar las armas. Para ello reunió en su despacho al ministro de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda; al titular de la Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz; al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; al director del Cisen, Eugenio Ímaz Gispert; y a los gobernadores de Colima, Mario Anguiano Moreno, de Guerrero, Ángel Aguirre Arévalo, del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa, y de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval.
Según este último, en el encuentro se habló de las necesidades de cada uno de los estados. «En Jalisco encontramos 14 municipios. Todos los caminos están siendo vigilados y patrullados por personal de la Fiscalía del Estado y, por supuesto, del Ejército».
Conversaciones
Sandoval precisó que conversaron sobre cómo mejorar las vigilancias y las políticas sociales, así como las estrategias de inteligencia para detectar a los individuos sospechosos e informar de inmediato a «las distintas instituciones, caso del Ejército, la Policía Federal o la Justicia». Asímismo, ofreció protección a las familias michoacanas «tras una investigación previa» y siempre que sean «gente de bien».
Osorio explicó que se pondrán en marcha acciones conjuntas entre el personal de las Fuerzas Armadas y las corporaciones locales para evitar el aumento de la delincuencia través del reforzamiento de la vigilancia aérea y terrestre. Los mandatarios estatales deberán revisar y depurar los cuerpos de la Policía municipales.
La Segob afirmó que «las actividades comerciales en la zona de Tierra Caliente se han normalizado paulatinamente». También se han reanudándo las clases para 48.730 alumnos y 4.984 docentes de las 321 escuelas de educación básica, media y superior. Además, las autoridades investigan el nexo que mantienen los Templarios y el cartel de los hermanos Beltrán Leyva para ejercer el control sobre Michoacán.
Mientras, los denominadas 'autodefensas' permanecen al pie de las barricadas. Hasta de California han recibido refuerzos, la mayoría hijos de michoacanos nacidos en Estados Unidos que han formado parte de pandillas callejeras. También han tomado por la fuerzas las casas donde residen los miembros de los Templarios para hacer públicos los lujos que los narcos disfrutan en la privacidad de sus hogares. El Gobierno espera que entreguen las armas o se integren pronto en la Policía. Por su parte, los guardias comunitarios todavía no han tomado una decisión al respecto.