El PSC evita de momento la ruptura

La crisis en el socialismo catalán se mantiene viva, pero congelada. Un día después de que la dirección del PSC apartara a los tres diputados díscolos representantes del ala más catalanista de sus cargos en la ejecutiva y del consejo nacional del partido, Nuria Ventura, Joan Ignasi Elena y Marina Geli perdieron este martes sus funciones en el Parlamento catalán y han quedado relegados a diputados rasos. «No representan al partido en nada y no podrán poner voz pública al PSC en el Parlament», expresó el número dos del PSC en la cámara catalana, Maurici Lucena. Elena era hasta ahora portavoz en el área de Cultura, Ventura, en Infancia y en Medios Audiovisuales, y Geli se encargaba de las comisiones relacionadas con Salud.

La cúpula socialista continúa el pulso con el sector soberanista, insiste en que son los tres diputados que la semana pasada rompieron la disciplina de voto quienes deben renunciar a su acta de parlamentarios y ha optado por acelerar los trámites de divorcio entre las dos sensibilidades socialistas. Sin embargo, de momento, da un pequeño margen de tiempo para que la situación se reconduzca, como han reclamado amplios sectores de las bases y dirigentes, alcaldes y diputados. La dirección del PSC es partidaria de la expulsión, y cuenta con el apoyo del PSOE para ello, pero ha tenido dos oportunidades seguidas para hacerlo y no lo ha hecho porque ha preferido no precipitarse y dejar en manos de la Comisión de Garantías la decisión definitiva.

Fractura

En su postura, pesa la historia del partido, pues un puñetazo en la mesa rompería la formación 35 años después. El pulso entre las dos almas se mantendrá mientras la Comisión de Garantías resuelve su resolución, algo que podría durar semanas, aunque la dirección no quiere que se prolongue demasiado porque hay en el horizonte más próximo dos votaciones que le inquietan. Una en el Congreso, donde se abordará la petición de la transferencia a Cataluña de la competencia de convocar referendos, y la segunda en la cámara catalana, la ley de consultas que Artur Mas quiere utilizar como base legal alternativa para celebrar el referéndum.