El Congreso inicia la cuenta atrás para vetar la consulta soberanista catalana

El debate sobre la consulta soberanista traspasó ayer oficialmente los límites de Cataluña para instalarse durante los próximos meses en el Congreso de los Diputados. La Mesa de la Cámara baja no encontró pegas técnicas y dio luz verde para el debate en pleno de la proposición de ley aprobada la semana pasada por el Parlamento catalán que pide al Estado que delegue en la Generalitat, a través del mecanismo previsto en el artículo 150.2 de la Constitución, la competencia para convocar un referendo independentista el 9 de noviembre.

El Congreso puso así en marcha la cuenta atrás para que más del 80% de los escaños de la cámara, los de PP, PSOE y UPyD, veten antes de Semana Santa la posibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación legal y pactado en Cataluña y, además, oficialicen que el Gobierno abortará cualquier intento unilateral de celebrar la consulta por ser un acto inconstitucional, y declare que nunca se permitirá la secesión de una parte de España.

La votación que tumbará la propuesta nacionalista será el no político del Congreso a la consulta, equivalente al que frenó en 2005 el plan Ibarretxe, y abrirá la fase de la confrontación legal que se dirmirá en el Tribunal Constitucional y con la que el Ejecutivo intentará frenar cualquier intento posterior de las instituciones catalanas de celebrar un referendo unilateral, como el que podrían tratar de convocar a través de la propia ley autonómica de consultas que se tramita en el Parlamento autonómico.

Baile de fechas

El debate parlamentario, en el que lo único seguro es que la reclamación de CiU, Esquerra e Iniciativa será rechazada, podría celebrarse en marzo, o en abril a más tardar, pero la fecha no se podrá determinar hasta que se sepa si la proposición de ley que se va a discutir es la remitida por el Parlamento de Cataluña u otra idéntica, pero presentada en la Cámara baja por los grupos que apoyan la consulta para acelerar su llegada al pleno.

El baile de fechas se debe a que la proposición autonómica calificada ayer debe situarse a la cola del resto de las presentadas por parlamentos territoriales para su debate en el pleno del Congreso, cámara que solo discute una de estas iniciativas en cada mes. En este momento, el Congreso tiene cinco proposiciones de ley autonómicas por delante de la de la consulta, lo que significa que, sobre el papel, no podría ser debatida antes de junio e, incluso, retrasarse a septiembre. Este calendario solo podría recortarse si alguna de las cámaras renuncia a discutir su iniciativa. De esa forma, se adelantaría un mes por cada renuncia.

Dada la incertidumbre actual sobre los plazos, que incluso colocan el portazo del Congreso a solo dos meses de la hipotética fecha de la consulta, los tres partidos catalanes que apoyaron la iniciativa negocian una fórmula alternativa que aseguraría la celebración del debate parlamentario antes de Semana Santa.

Josep Antoni Duran i Lleida, portavoz de CiU en el Congreso, confirmó que ayer mismo tenía previsto hablar con Esquerra e Iniciativa para que los tres grupos registren en breve otra proposición de ley con un contenido idéntico a la del Parlament que, por no depender del restringido cupo que se le impone a las comunidades, podría debatirse en el pleno en la segunda mitad de marzo o a principios de abril, fecha que dependería de la cantidad de iniciativas que entretanto presenten otros grupos y de la rapidez del Gobierno en comunicar que no ve pegas técnicas para su discusión.

PP y PSOE adelantaron que no tienen interés en retrasar el debate y que, en lo que de ellos dependa, no harán nada por dilatar la discusión. Los populares incluso animaron al Parlamento catalán a mojarse para acelerar el debate, ya que la primera proposición autonómica con fecha para su debate en el Congreso, la segunda semana de febrero, pertenece a Cataluña con lo que su renuncia adelantaría un mes.

Duran aprovechó el visto bueno de la Mesa para asegurar que, en contra de lo que dicen otros grupos, la pretensión de usar el 150.2 de la Carta Magna para que se delegue la competencia exclusiva de convocar referendos no es inconstitucional porque de serlo el Congreso no habría dejado pasar la proposición.