La judicatura en pleno exige el fin de las presiones a Castro

La Asociación Profesional de la Magistratura se sumó al resto de organizaciones de jueces y magistrados para pedir que terminen las presiones al instructor del 'caso Nóos', José Castro. La conservadora y más numerosa asociación de jueces se declaró «preocupada» por los ataques «personales» que sufre el magistrado después de solicitar la imputación de la infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capitales.

Las tres organizaciones judiciales cerraron filas con distintos grados de beligerancia en torno a Castro tras el furibundo escrito del fiscal Pedro Horrach en el que puso en duda su competencia profesional para solicitar la imputación de la hija del Rey basado solo en una «teoría conspirativa» y en «dudas y conjeturas». El Consejo General del Poder Judicial, sin embargo, sigue enclaustrado en el silencio pese a ser el organismo de gobierno de la carrera judicial y por lo tanto su máxima autoridad.

La APM, a diferencia de las demás asociaciones, no reclamó la intervención del Consejo y además de mostrar sus preocupación se limitó a en un breve comunicado a pedir «respeto personal» a los jueces en el desempeño de su labor profesional. Jueces para la Democracia y la Asociación Francisco de Vitoria instaron, en cambio, al ejecutivo judicial a intervenir tras el escrito del fiscal Anticorrupción. La moderada Francisco de Vitoria denunció la existencia de «una grosera campaña de desprestigio» de Castro que llega al terreno personal en determinados medios de comunicación conservadores.

Jueces para la Democracia, de corte progresista, reclamó ayer al Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía del Estado que tomen las medidas para que terminen las presiones sobre el instructor del 'caso Nóos', que han llegado hasta «seguimientos» por la calle y campañas de «desprestigio» por parte de medios informativos. La organización es muy crítica con la Fiscalía porque el comportamiento de Horrach «no despierta la confianza de la ciudadanía» en el proceder del Ministerio Público, y «si la Fiscalía está en desacuerdo con el auto de imputación de la infanta Cristina lo que debe hacer es presentar el correspondiente recurso» y no descalificar al juez.

Desde fuera del mundo judicial, Izquierda Unida ha pedido la comparecencia en el Congreso del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para que explique la actitud de Horrach. El diputado Gaspar Llamazares denunció que «la Fiscalía, la Agencia Tributaria y la Corona» se han puesto de acuerdo para desarrollar una operación de «descrédito y de cerco a un juez por el mero hecho de juzgar a un miembro de la Casa Real».