La independencia, un beneficio para los estudiantes británicos

El Gobierno escocés tendría que sacrificar una de sus políticas más populares si logra la independencia en el referéndum de septiembre, según expertos en derecho europeo. La gratuidad de sus universidades para los estudiantes escoceses va acompañada en la actualidad por el pago de tasas por estudiantes de otros lugares de Reino Unido y esa diferencia podría ser ilegal en la Unión Europea.

En el debate sobre la independencia todos se unen contra los nacionalistas pero, en el enredo de las tasas universitarias, los Liberal-Demócratas han tenido un papel estelar. Se opusieron en el Parlamento de Londres, en 1998, a su introducción por Tony Blair. Y convirtieron las tasas, algo más de 1.000 euros, en un asunto innegociable en el primer Ejecutivo de la autonomía escocesa, en 1999.

Era tal la divergencia entre laboristas y 'lib-dems' coaligados en Edimburgo que decidieron crear una comisión, que recomendó la abolición de las tasas para los estudiantes escoceses, que pagarían unos 2.500 euros al final de sus estudios. Los estudiantes de la UE se equiparaban con los escoceses, pero los del resto de Reino Unido pagaban tasas, como en sus lugares de origen.

La cantidad llegó hasta un máximo de 3.300 euros con los gobiernos laboristas pero, cuando se formó en Londres la coalición conservadora-liberal en 2010, subió a unos 10.000 euros anuales. Los 'lib-dems' de Nick Clegg habían prometido la abolición en la campaña electoral. El primer ejecutivo del SNP en Edimburgo abolió, en 2008, lo que hasta entonces pagaban escoceses y europeos al final de sus estudios.

Hay este año 216.000 estudiantes en las 19 universidades escocesas. El 65% es de Escocia y el 8% procede de países de la UE. Su enseñanza es gratuita. El 26%, británicos no escoceses y extranjeros que no son de la UE, paga un promedio de 8.250 euros anuales durante cuatro años. El Gobierno ofrece préstamos al 3% que se devuelven a partir de recibir un salario de unos 23.000 euros anuales (el 9%).

Tres universidades escocesas (Edimburgo, 17; Glasgow, 51 y St. Andrews, 83) están entre las cien mejores del mundo en el ránking QS. El Gobierno quiere mantener esa calidad y la política de tasas «con una justificación objetiva», según su Libro Blanco para la independencia. El argumento es que, si la enseñanza fuese gratuita para los británicos, un gran número intentaría aprovecharse de esa diferencia.

Pero un grupo partidario de la unión, Académicos Juntos, ha publicado un documento en el que profesores de derecho europeo dicen que, si Escocia es independiente, no podrá discriminar a los británicos en un asunto doméstico en el que la UE no se mete. El primer ministro escocés, Alex Salmond, apela a una opinión legal más ambigua para no perder en el momento de alcanzar la independencia una política tan popular ahora entre los escoceses.