El Parlamento catalán da un nuevo paso en el desafío independentista al Estado
El 64% de la cámara reclama que se delegue la competencia para celebrar referendos, con la oposición de PSC, PP y Ciutadans
BARCELONA.Actualizado:Poco a poco y votación a votación, Artur Mas va cumpliendo todos los puntos de la hoja de ruta hacia la independencia que pactó hace un año con Oriol Junqueras. Tras superar a mediados de diciembre el escollo de acordar la fecha y la pregunta de la consulta, una negociación que estuvo a punto de hacer saltar por los aires el proceso independentista, el siguiente paso que acometerá Mas (aunque él no acudirá) será reclamar en el Congreso de los diputados la autorización para convocar una consulta. Así lo decidió ayer el Parlamento catalán, en una votación que supone un nuevo paso en el desafío que CiU y ERC le han lanzado al Estado y que volvió a reflejar que la sociedad catalana está cada vez más dividida.
Con 87 votos a favor (el 64% de los escaños), los de CiU, Esquerra, Iniciativa y tres del PSC, la Cámara catalana aprobó enviar al hemiciclo español una proposición de ley para que delegue a la Generalitat la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum consultivo para que los catalanes se pronuncien sobre su futuro político. Se trata de la que se conoce como vía del artículo 150.2 de la Constitución, a través de la cual los asesores de Mas insisten, en contra de lo que mantienen el Gobierno, el PP y el PSOE, que el referéndum catalán puede tener encaje en la Carta Magna.
Según la lectura que hacen los juristas del entorno del presidente catalán, al prever que el Estado pueda transferir a las comunidades autónomas facultades correspondientes a materia de titularidad estatal, el citado artículo convierte en una mera cuestión de voluntad política la delegación de la competencia para convocar un referéndum. Pero esta interpretación es muy discutida.
Los que niegan la viabilidad de esta opción aducen que un aspecto que afecta a la soberanía nacional no es transferible. Eso es lo que argumentó el propio Mariano Rajoy en su balance de fin de año en el Palacio de la Moncloa. «No se puede pedir al presidente de España que haga una cosa que no puede hacer porque no puedo disponer de la soberanía nacional, que es de todos los españoles; eso lo sabe quien decidió abrir un camino sabiendo cuál era mi respuesta», dijo.
Ese es también el argumento del PP y Ciutadans, que rechazaron la iniciativa soberanista, y de la gran mayoría de los diputados del PSC, que afrontaron divididos el pleno. De los veinte representantes que tienen los socialistas, 16 votaron en contra de la propuesta de los nacionalistas, tres dieron su respaldo al bloque independentista y el vigésimo (Àngel Ros) no asistió, ya que en la víspera se dio de baja para no enfrentarse con la dirección del partido y no tener que votar distinto. La CUP, mientras, se abstuvo, ya que considera que Cataluña no tiene que pedir permiso al resto de España para celebrar la consulta.
Sonoro portazo
En realidad, todas las fuerzas (CiU, ERC, ICV y CUP) que impulsaron la iniciativa saben que no servirá de nada y que recibirá un sonoro portazo en Madrid. Su objetivo es lo que ellos llaman cargarse de razones a nivel interno y de cara al exterior, para cuando tengan que llamar a la puerta internacional, y buscan además dejar en evidencia que el Estado español niega a Cataluña un derecho que, como recalcan, Reino Unido sí reconoce a Escocia. Desde Cataluña se habla de un déficit democrático en el Estado, que dice no a cualquier propuesta que le llegue desde la comunidad catalana y se niega a pactar nada.
Mas, de la mano de Esquerra, no pone el freno (a pesar de las advertencias de la UE, de Moodys o la llamada al acuerdo de La Caixa) y trata de tensar la cuerda en las relaciones con el Gobierno central al que lanza la amenaza de que esta vía, la de la trasferencia de la competencia de convocar un referéndum, es casi la última oportunidad que le queda para pactar una salida acordada a la crisis territorial.
Alternativa legal
Porque todo lo que venga después, que las fuerzas soberanistas presentarán en un escenario donde a su juicio es el Estado quien se niega a negociar, todas las vías que se abrirán serán unilaterales. Mas ha insistido en los últimos tiempos en que la consulta será legal, aunque si el Congreso, como se espera, tumba la iniciativa catalana de la delegación de la competencia y si el Gobierno impugna la ley catalana de consultas, la única opción legal que le quedará al presidente de la Generalitat si mantiene su desafío de celebrar una consulta será la de la convocatoria de unas elecciones autonómicas en clave plebiscitaria.
Llegado el caso, serían unos comicios de resultado incierto que podrían enturbiar aún más la situación política. Si Esquerra se convierte en primera fuerza (como apuntan las encuestas) y aumenta el apoyo a las formaciones soberanistas, con la presión de la Asamblea nacional catalana, el fantasma de la declaración unilateral de independencia podría estar a la vuelta de la esquina.
Mas, en cualquier caso, quiere agotar todos los procedimientos, aunque sea de manera formal, para que nadie le pueda reprochar que no ha seguido un proceso serio, riguroso y ajustado a los cánones. «Hemos dado un paso más», afirmó tras la votación, cuyo resultado, «amplio y sólido», le dejó, según dijo, muy feliz. Con todo, el 64% de los votos no es la mayoría que la Generalitat ansiaba, ya que no alcanza los dos tercios que necesarios para por ejemplo una reforma estatutaria.