El juez ignora al fiscal y cita a los peritos de Hacienda que exoneraron a la infanta

El juez José Castro respondió al durísimo escrito del fiscal Pedro Horrach contra la imputación de la infanta Cristina con una aséptica providencia en la que se limita a citar a los tres inspectores de Hacienda que reclamaba el acusador público. No hubo ni sapos ni culebras ni respuesta a la acusación de urdir una teoría conspiratoria para fundamentar la imputación y tampoco a las veladas acusaciones de incapacidad profesional que vertió Horrach.

El instructor del juzgado número tres de Palma de Mallorca optó ayer por ignorar las rotundas descalificaciones del fiscal y citó el 25 de enero a los tres expertos de la Agencia Tributaria y a los representantes de siete empresas para las que Iñaki Urdangarin efectuó trabajos de asesoría por los que facturó a través de la inmobiliaria Aizoon más de 1,1 millones en 2007 y 2008. También llamó como testigo a la jefe del grupo de Delincuencia Económica de la Policía responsable de la investigación de las actividades económicas de la empresa pantalla de los duques de Palma. Nada más. Ni una palabra referida al escrito de Horrach y cuando ayer llegó a su despacho dijo que no iba a hacer «absolutamente ningún comentario».

El fiscal consideró en su escrito de 12 páginas que era «imprescindible» la citación de los peritos de Hacienda antes de que declarara la hija del Rey el 8 de febrero para que despejen todas las dudas sobre tres polémicas facturas por valor de casi 70.000 euros. El juez considera que la infanta defraudó a Hacienda más de 120.000 euros en un año, y por tanto cometió delito fiscal, si se tomaban en cuenta esas facturas. Los peritos de Hacienda sostuvieron, en cambio, que no se podía considerar partícipe a la hija del Rey de los supuestos delitos cometidos por su marido con esa facturación por el hecho de ser copropietaria a partes iguales de Aizoon.

Horrach subrayó en su comunicación al juez que mantener la imputación basada en la responsabilidad por esa supuesta evasión fiscal era mantener «una tesis inculpatoria» solo basada en «la absurda y denigrante teoría de una supuesta manipulación (de Hacienda) tendenciosa». Por esa razón, reclamó deshacer el entuerto antes de que la infanta tuviera que contestar al juez.

Se da la circunstancia de que si los inspectores ratifican la exoneración de la hija del Rey la imputación por presunto delito fiscal sufriría un serio revés, y el juez tendrá que decidir si la mantiene o la retira. Los representantes de Mixta África, Lagardere Ressources, Aceros Bergara, Havas Sport France, Altadis, Pernord Ricard y Seeliger y Conde deberán aclarar el carácter de las asesorías que hizo para ellos Urdangarin y que cargó desde Aizoon. La Agencia Tributaria sostuvo en su momento que eran trabajos «de carácter personalísimo» sin relación con la actividad profesional de la inmobiliaria, actividad que, por otra parte, era nula y se limitaba a ser una fuente de facturación para el yerno del Rey. Aizoon cobró por esas labores casi 650.000 euros en 2007 y cerca de medio millón en 2008. El fiscal quiere saber de qué naturaleza eran las relaciones del marido de Cristina de Borbón con esas compañías.

Solo discrepancias

A pesar del tono sosegado de Castro en su respuesta al fiscal, las aguas están divididas y revueltas en la judicatura y el Ministerio Público. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, mostró su «más completo apoyo» a la actuación de Horrach al tiempo que trasladó «todo su respeto» al juez por su instrucción de la causa. Negó además que exista «una guerra» entre ellos desde el momento en que el magistrado ha aceptado practicar las diligencias que pedía el fiscal. A su juicio, solo hay «discrepancias». También el fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló, salió en respaldo de Horrach y defendió que la declaración de los expertos de Hacienda «servirá para clarificar» la situación.

El Consejo General del Poder Judicial no abrió la boca para salir en defensa del juez, pero sí lo hizo la segunda asociación más numerosa de la carrera, la Francisco de Vitoria, para la que es «intolerable» el comportamiento del fiscal mallorquín con el magistrado cordobés.

La asociación, de corte moderado, lamentó el «silencio» del órgano de gobierno de la judicatura y denunció «la grosera campaña de desprestigio» lanzada contra el juez desde «ciertos medios de comunicación plagada de críticas vejatorias y ataques personales». La asociación considera alarmante que a esa campaña «se sume ahora de modo incomprensible el citado individuo del Ministerio Fiscal, órgano teóricamente llamado a ser garante de la legalidad».