La suspensión de ayudas a UGT hace temer por otros fondos comunitarios

La decisión de Bruselas de revisar una ayuda a UGT-A procedente de fondos FEDER y de examinar también otras con cargo al Fondo Social Europeo ha creado preocupación en círculos políticos y comunitarios, que temen que las irregularidades detectadas coloquen a Andalucía en el ojo del huracán y perjudiquen el traspaso de futuros fondos de formación u otras ayudas de Bruselas.

La Comisión Europea tiene establecidos férreos controles del dinero que concede y exige con frecuencia la devolución de cantidades que no son debidamente justificadas, pero la medida adoptada respecto a UGT-A hace pensar que las facturas falsas y el desvío de fondos en el sindicato puede tener más consecuencias. Si se detectan nuevos desajustes podría llegarse la congelación de los fondos de formación que se conceden a la comunidad, a través del Estado. «Esto no ha hecho más que empezar», es la impresión entre los expertos.

Aunque los «tiempos» de Bruselas son lentos y los efectos pueden dilatarse, también son firmes y tenaces. La Comisión, el Tribunal de Cuentas y el Servicio Antifraude no dejan pasar una y cualquier error bloquea una línea de ayudas hasta que se aclare.

En la capital comunitaria pesan no solo los recortes de Prensa, que sin duda llegan, sino también la judicialización de la causa, en manos de la jueza Alaya. Tampoco ayuda la investigación abierta por la Fiscalía a la Confederación de Empresarios de Andalucía, cuya cúpula ha sido imputada por una promoción de VPO que recibió ayuda europea.

Los expertos consultados temen que la imagen de Andalucía se vea perjudicada de manera irreparable por estos escándalos.

El caso podría causar problemas también con Madrid, ya que los pagos se realizan al país y es Hacienda quien los canaliza. Hasta ahora, el Ministerio de Cristóbal Montoro mantiene silencio prudente. Está también en juego la imagen de España como país receptor.

No obstante, las mecánicas de gestión tienen herramientas para evitar el impacto, a través de la reprogramación de las ayudas, que evitaría que se pierdan los fondos.

Entre tanto, UGT-A aseguró ayer que no se han paralizado las ayudas de la UE y que la denegación del proyecto Andalucía-Algarve en su tercera convocatoria se debe a un «defecto de forma en su formulación», algo que «no se puede considerar en ningún modo como paralización de las ayudas». Afirma que la decisión se tomó antes de las noticias sobre facturas falsas.

Un programa informático

UGT explica que estos proyectos, bajo distintas denominaciones, «llevan siendo aprobados ininterrumpidamente por la UE desde 1999» y que en todos los casos UGT -A anticipa la totalidad de los gastos y hasta que no son realizadas, auditadas y justificadas, los fondos europeos no proceden al pago de los costes, con retrasos de hasta dos años en muchos de los casos.

El sindicato afirma también que está en plazo para justificar las actividades, ya que tienen dos meses para hacerlo y éstas acabaron en diciembre de 2013. Asimismo, justifica las supuestas irregularidades en sus facturas por «discrepancias» a la hora de cargar los datos al programa informático «Fondos 2007», que es el empleado por el Gobierno. UGT supone que no serán «los únicos» sobre los que se han detectado «discrepancias» y asegura que Hacienda está resolviendo el problema técnico para solventar la incidencia.

El PP-A pidió un pleno extraordinario para que la Junta explique «el fraude de los fondos europeos en relación con UGT-A».