Los copagos pendientes se congelan

Los copagos sanitarios, una de las medidas más impopulares de los dos años de gobierno de Mariano Rajoy, quedan en suspenso. No todos. Solo aquellos que todavía no tenían un desarrollo normativo y carecían de fecha de comienzo. Son los de los productos ortoprotésicos y los dietoterápicos -aquellos que deben tomar las personas con trastornos metabólicos complejos- y el transporte ambulatorio no urgente. El copago de la farmacia hospitalaria, aquel que deben abonar los pacientes por los medicamentos que tiene que retirar de los centros sanitarios y que tantos quebraderos de cabeza está provocando a Ana Mato, se mantiene vigente aunque las comunidades autónomas todavía no lo han aplicado.

El Ministerio de Sanidad arguye que la economía comienza a tener mejor tipo, que todavía está delicada pero tiene mejor color y que las perspectivas para este año y los próximos son mejores. Incluso el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció ayer que el PIB creció en el último trimestres de 2013 un 0,3%. «Los esfuerzos hechos por los ciudadanos están dando sus frutos. Ahora las administraciones tienen que seguir poniendo en marcha medidas de eficiencia», señaló la ministra en el pleno del Consejo Asesor de Sanidad que se celebró ayer. «No vamos a pedir nuevos esfuerzos a los ciudadanos», comentó Mato en su intervención.

Además de la apelación a la recuperación económica, la titular de Sanidad evita otro incendio en el seno del Consejo Interterritorial de Sanidad y en su propio partido, que todavía está sufriendo la aplicación del copago farmacéutico hospitalario. Esta nueva tasa debía estar aplicada desde el 1 de enero, pero las reticencias de los gobiernos regionales ha provocado que se retrase, aunque el ministerio insistió ayer que se pondrá en marcha «a lo largo del mes de enero por razones de equidad».

Incluso algunas comunidades autónomas, como Castilla y León -gobernada por los populares-, se negó en redondo a aplicarlo por el perjuicio que iba a provocar a la población. A pesar de los intensos contactos para que el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera diera su brazo a torcer, la Junta se mantuvo en sus trece y se negó a aplicarlo. Incluso presentó un recurso a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que revoque la resolución aprobada el 10 de septiembre de 2013.

Tercera vía

En la misma línea de oposición se han mostrado en los últimos meses Baleares y Extremadura -ambas del PP- y las comunidades gobernadas por los nacionalistas o socialistas. Sin embargo, la tercera vía entre la postura del departamento de Mato -y Galicia- y las regiones más beligerantes fue la que optó Castilla-La Mancha: las arcas autonómicas asumirían el sobrecoste para los usuarios en el copago hospitalario.

María Dolores de Cospedal, presidenta manchega y secretaria general del Partido Popular, abría una puerta que podían atravesar el resto de las comunidades autónomas para esta nueva tasa o para la del transporte ambulatorio no urgente, que en un principio iba a tener un coste de 5 de euros por trayecto.

Ante la posibilidad de otro tumulto interno o por el sobrecoste de muletas, collarines o sillas de ruedas, el Ministerio de Sanidad decidió meter en el cajón todos los pagos extraordinarios para el usuario. Aunque no implica su anulación por completo.

Desde la oposición, los socialistas critican los bandazos que Mato está dando en materia sanitaria y los consideran como consecuencia de la cercanía de las elecciones europeas que se celebrarán en España el 25 de mayo. El portavoz socialista de Sanidad en el Congreso, José Martínez Olmos, acusó a la ministra de carecer de «criterio» cuando impuso el copago y ahora cuando lo ha retirado. «Estamos ante un Ministerio de Sanidad descabezado y sin norte, que camina como un pollo sin cabeza», apuntó el portavoz del PSOE, quien ya ha solicitado la comparecencia urgente de la ministra para que explique estos cambios de criterio. «Ana Mato es la peor ministra de Sanidad de la democracia», senteció Martínez Olmos.