Oriol Pujol llega a declarar a la Audiencia de Barcelona el pasado abril. :: JOSEP LAGO / AFP
ESPAÑA

La Fiscalía pide imputar a Pujol por un cohecho de 30.000 euros en el 'caso ITV'

Anticorrupción sostiene que el exnúmero dos de Convergencia pidió ese dinero a la trama corrupta a cambio de su voto en el Parlamento

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La situación procesal de Oriol Pujol se complica. La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la imputación del dirigente nacionalista como posible autor de un delito de cohecho en el 'caso de las ITV'. En concreto, por un cobro de 30.000 euros a cambio de su voto en el Parlamento de Cataluña.

Si el tribunal lo acepta, sería la segunda imputación de Oriol Pujol en esta causa. En marzo de 2013, el tribunal imputó al entonces secretario general de Convergencia Democrática por un delito de tráfico de influencias, lo que llevó a Pujol a dejar sus responsabilidades orgánicas en el partido que lidera Artur Mas y también renunció como presidente del grupo parlamentario de CiU en la cámara catalana. El hijo del expresidente Jordi Pujol, que hasta su imputación sonaba con fuerza como futuro delfín de Mas, mantiene su acta de diputado autonómico y siempre ha defendido su inocencia. Ha vinculado su imputación, además, al «juego sucio» que, a su juicio, practica el Estado español para detener el proceso soberanista.

Según relataron este lunes fuentes judiciales, en el transcurso de las pesquisas del llamado 'caso ITV', que se encuentra en fase de instrucción y que investiga una trama formada por políticos y empresarios que trató de amañar sin éxito concesiones de estaciones técnicas de vehículos en Cataluña, se ha descubierto que el empresario del sector Ricard Puignou, imputado en la causa, habría intentado recabar el voto favorable para sus intereses por parte de Pujol en la tramitación de una ley en el Parlamento catalán. «Pujol presuntamente habría solicitado 30.000 euros» a cambio de su voto, según fuentes de la Fiscalía en Barcelona. En la causa, el Ministerio Público solicita también la imputación de la mujer de Oriol Pujol, Ana Vidal Maragall, y los empresarios Ricard Puignou y Sergio Alsina.

Convergència defendió ayer la «absoluta inocencia» de su exnúmero dos porque «nunca solicitó y, mucho menos percibió, contraprestación económica» a cambio de su voto.

El origen del caso se sitúa en la ley de seguridad industrial que el Parlamento catalán aprobó en 2008. Esta norma planteaba un nuevo modelo de gestión de las ITV, que hasta entonces funcionaba casi en régimen de monopolio. La apertura a la libre concurrencia provocó que las compañías se lanzaran a una desenfrenada labor de lobby en la toma de decisiones políticas. CiU no gobernaba entonces, pero algunos de los imputados en la trama habrían tratado de influir en Oriol Pujol para apoyar la ley y para la presentación de enmiendas que les pudieran favorecer.

Reordenación del plan

Dos años después, con CiU ya en el poder, la Generalitat reordenó el plan de ITV del Ejecutivo anterior y buscó la paz entre las empresas del sector, enfrentadas por las adjudicaciones de la etapa del tripartito. Es a partir de aquí, entre 2010 y 2012, cuando se desarrolla en toda su extensión el 'caso ITV', que tiene ya a seis imputados, entre políticos y empresarios. Destaca Oriol Pujol, que según el juez que le imputó utilizó su «peso político» para llevar a cabo una serie de operaciones «con el objetivo de obtener un beneficio económico, para él y/o para sus amigos y colaboradores».

Pujol está imputado por tráfico de influencias porque logró los nombramientos de Josep Tous y de Isidre Masalles, dos de los imputados de la trama, en cargos clave de la administración catalana relacionados con las ITV y además intercedió para que se aprobara un nuevo plan gubernamental de ITV. Además, el dirigente nacionalista pudo tener alguna vinculación societaria con la sociedad Upprime, una de les empresas que la trama habría ideado para el reparto de las concesiones.

Un informe de la Agencia Tributaria situó al dirigente nacionalista como «colaborador necesario» de la trama, formada por cinco personas detenidas hace casi dos años por la Guardia Civil. Los cinco arrestados fueron los empresarios Puignou, Alsina y Sergio Pastor, así como Tous y Masalles, ambos de CiU. En las conversaciones entre ellos, se referían a Pujol como «Zumosol».