El Tribunal de Cuentas alerta sobre la «opacidad» de los consorcios locales

El Tribunal de Cuentas ha alertado sobre la "opacidad" en la que operan los consorcios locales debido a una escasa regulación por parte del Estado y las comunidades autónomas, lo que "abre la vía" al incumplimiento de sus obligaciones en materia presupuestaria y financiera. Así lo recoge el Informe de Fiscalización de los Consorcios de Ámbito Local que ha publicado este lunes en su web el Tribunal de Cuentas, que analiza el funcionamiento de estas entidades, una forma asociativa entre administraciones públicas y entidades privadas sin ánimo de lucro con el fin de gestionar actividades y servicios.

El Tribunal argumenta que, debido a la escasa regulación normativa, los estatutos de los consorcios son los que se erigen como la "norma especial" que guía su actividad, lo que genera un problema porque la mayoría de ellos "adolecen de falta de concreción, regulando de manera imprecisa elementos esenciales". De esta forma, denuncia el Tribunal, se dificulta "el funcionamiento, seguimiento y control" de estas entidades.

"Los consorcios se caracterizan por algunas particularidades especialmente abiertas e imprecisas que facilitan su huida de los controles propios del derecho administrativo", señala el informe. En lo relativo a su financiación, el Tribunal de Cuentas aprecia -debido a la "indeterminación" legislativa- incumplimientos por parte de los consorcios en la rendición de cuentas. "Los consorcios rinden cuentas en un bajo porcentaje", se lee en el informe, aunque el Tribunal señala que aquellos que lo han hecho "no presentaban un excesivo endeudamiento financiero".

Además, el Tribunal de Cuentas también pone el foco en la existencia de "diversidad de registros, bases de datos e inventarios de ámbito estatal y autonómico a los que se incorporan los consorcios locales", lo que, argumenta, dificulta su control. De los datos extraídos de las distintas bases de datos y registros, este organismo afirma que existen, a 20 de diciembre de 2013, un total de 969 consorcios, de los cuales 498 tienen la condición de local -aunque el informe también señala que no hay un criterio unitario para definir un consorcio como local-.

Revisar las disposiciones legales

Ante esta situación de escasa regulación y control financiero, el Tribunal de Cuentas pide que se revisen las "disposiciones legales" para que la regulación de los consorcios sea "completa, específica y homogénea", así como que se establezcan "las previsiones básicas" que tengan que contener sus estatutos. En el apartado financiero, el Tribunal considera necesario que se promuevan "las reformas legales oportunas" para que la rendición de cuentas "sea considerada como un requisito necesario" cuando los consorcios quieran acceder a los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones públicas.

Para solucionar la diversidad de registros, el informe recoge la necesidad de que los consorcios se inscriban en "un registro oficial público como requisito para su funcionamiento", al que además deberán incorporar una copia de sus estatutos. Ese registro debe acabar con la actual diversidad de bases de datos entre el Estado y las comunidades autónomas, y tiene que ser "permanentemente actualizado, garantizándose así la integridad y certeza de su contenido".