GOLPE DE TIMÓN EN LA ESTRATEGIA DE LA INFANTA

Golpe de timón a la estrategia procesal de la infanta en el 'caso Nóos'. No habrá recurso a su citación como imputada por fraude fiscal y/o blanqueo de capitales. La defensa de Cristina de Borbón esta vez no dará batalla para evitar que su cliente haga el paseíllo en los juzgados de Palma, como sí que hizo en la primavera del año pasado. Los letrados del despacho de Miquel Roca y la propia duquesa han llegado a la convicción de que cualquier apelación solo iba a alargar el «martirio» mediático porque, ahora sí, la Audiencia Provincial iba a dar la razón al juez José Castro al considerar que sí que hay indicios suficientes al menos para escuchar a la hija de los Reyes de España. A cambio de no recurrir, la esposa de Iñaki Urdangarin pide adelantar su interrogatorio para acabar «cuanto antes» con «la injusta e incómoda situación» de su imputación.

A las doce del mediodía de ayer, exactamente, el despacho de Roca Junyent hacía pública la nota de prensa que ponía punto y final a más de 72 horas de vertiginosas negociaciones a varias bandas y de reuniones cruzadas entre la propia infanta; sus abogados de Barcelona, Palma y Madrid; los asesores de Zarzuela; el letrado de Urdangarin; la Fiscalía; el juez José Castro; la Abogacía del Estado.

La medidísima nota era la confirmación de que se había cerrado un acuerdo tácito y multilateral con solo dos cláusulas a cumplir entre todos los implicados: a cambio de que Cristina de Borbón no recurriese ni en reforma ni en apelación su citación, todas las partes del 'caso Nóos' consentirán que se adelante el interrogatorio previsto para el 8 de marzo, a fin de acortar en lo posible la agonía. La última palabra la tiene el instructor, quien, según fuentes del caso, apuntaría a finales de este mes de enero o, más probablemente, a principios de febrero. Una decisión, no obstante, que no tomará hasta que el próximo miércoles a las 15.00 horas concluya el plazo para oficializar cualquier recurso.

Solo minutos antes de la publicación del comunicado, los abogados de Roca en Palma -los prestigiosos penalistas del despacho palmesano Riutort-Contestí- habían presentado en el juzgado de guardia de la capital balear un escrito en el que la duquesa anunciaba que había «decidido renunciar al derecho al recurso que, como ciudadana, le es conferido por la Constitución y comparecer voluntariamente ante el juez instructor en la fecha que se señale a tal efecto».

«Transparente»

Los defensores de la hija menor del Rey quisieron otorgar al anuncio un tono casi institucional, alejado incluso del lenguaje jurídico: «Su Alteza Real, consciente de su vocación de servicio, que también lo es de colaborar al máximo con la administración de Justicia, y convencida además de que su actuación ha sido siempre confiada, transparente y respetuosa con el Derecho, determina no tener nada que ocultar ante el excelentísimo señor juez instructor ni ante el conjunto de la sociedad española. En ningún momento, Su Alteza Real ha participado en ninguna actividad ni en ninguna actuación que pueda ser calificada contraria a Derecho y así quiere aclararlo cuanto antes ante el excelentísimo señor juez instructor».

El equipo jurídico, que dejó claro desde el principio que la infanta había participado en el estudio «sereno» de la situación y que comparte esta nueva estrategia, también se esmeró en aclarar que la no presentación del recurso, en modo alguno, supone aceptar las tesis y acusaciones del juez Castro y que la única razón de no presentar batalla es para no alargar más el proceso.

«Tenemos que poner de relieve nuestra absoluta y firme discrepancia con los argumentos fácticos y jurídico-penales sobre cuya base» el magistrado ha imputado a la duquesa, afirmaron los abogados de Miquel Roca, que insistieron en que las pruebas que alega el juez Castro jamás deberían haber «derivado» en la citación de duquesa.

Esas «discrepancias» con las acusaciones del juez -explicaron los juristas de la infanta- tendrían su «cauce natural» en los recursos ante el magistrado y ante la audiencia para neutralizar la imputación «sin fundamento jurídico» de su cliente. «Sin embargo, a Su Alteza Real no se le escapan los efectos colaterales que tendría la interposición del recurso, que se traduciría en una dilación del procedimiento, alargándose así la incómoda y, a su entender, injusta situación que se deriva para ella del presente procedimiento».

Hasta aquí las razones oficiales. Pero detrás del comunicado del despacho Roca Junyent de ayer sábado anunciando que su cliente desiste de su derecho a recurrir hay, al menos, otros tres argumentos de peso, según coinciden todas las fuentes del 'caso Nóos' consultadas.

El primero es, sin duda, el convencimiento del equipo letrado y del resto de las partes personadas en la denominada 'pieza 25' del 'caso Palma Arena' de que los tres magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que el pasado 7 de mayo dejaron en suspenso el primer interrogatorio, ahora no iban a volver a dar un varapalo a Castro. Sobre todo, porque fueron esos tres mismos magistrados los que entonces señalaron al instructor la vía de tratar de imputar de nuevo a la duquesa por los delitos de fraude fiscal y blanqueo, exactamente como hizo Castro en el extenso y motivadísimo auto de más de 200 páginas que presentó el pasado martes.

Jamás llegará al banquillo

La segunda razón de los abogados de la infanta es igualmente poderosa. La convicción de que, a pesar de las abultadas pruebas de que la infanta usó los fondos de Aizoon para gastos propios, nunca podrán sentarla en el banquillo porque esa cantidad no llega al mínimo para hablar de delito. Es verdad que el sumario está plagado de documentos que prueban que el matrimonio gastó casi 700.000 euros de los fondos de Aizoon sin declararlos como IRPF, amén de aminorar el impuestos de sociedades de aquella mercantil. Las pruebas documentales son también abundantes a la hora de demostrar que el matrimonio usaba la inmobiliaria fantasma para cargar gastos personales para desgravar, entre ellos viajes de lujo, comidas, safaris y hasta libros infantiles para sus hijos.

Sin embargo, esos gastos repartidos por casi dos lustros, se haga como se haga la cuenta, no llegan al mínimo de 120.000 euros anuales que suponen un ilícito penal, ya que en todos los casos hay que dividirlos entre los dos miembros del matrimonio, al margen de que muchos de ellos se refieren a ejercicios que ya prescritos. Ello no quita que, con los gastos no prescritos, la infanta se arriesgue a una fuerte multa.

El tercer razonamiento es que la táctica de 2013 de evitar a toda costa la declaración, además de inútil y de provocar un desgaste aún mayor a la imagen de la duquesa de Palma y de la Monarquía, ha empeorado la situación procesal de la infanta, a la que, por la negativa a ser interrogada en esa primera citación, se ha sometido durante nueve meses a una intensísima investigación fiscal, que ha dejado a la imputada en la tesitura de tener que defenderse de acusaciones mucho más fundadas que a las que se enfrentaba en la primavera pasada.

Entonces, Cristina de Borbón estaba imputada como «cooperadora necesaria» en los supuestos ilícitos de su marido en el Instituto Nóos. Pero pese a esas graves acusaciones, lo cierto es que en las decenas de miles de folios de sumario no había pruebas indiscutibles de que ella participara en el instituto. Es cierto que la infanta fue vocal de Nóos, pero nada más. Todos los testigos aseguran que jamás aparecía por allí, confirmando así que su figura en la dirección no era más que decorativa, como adujo su marido.

Ahora, sin embargo, las pruebas para poner contra las cuerdas a la infanta a cuenta de Aizoon son más sólidas. «Ahora el 'caso Nóos' se ha convertido para Cristina de Borbón en el 'caso Aizoon' y en este nuevo escenario ya no hay forma de escaparse sin, al menos, dar una explicación, aunque ésta pase por culpar de todo a Urdangarin. De ahí, este golpe de timón en la estrategia», apunta uno de los abogados más activos en este caso.