Rajoy fracasa en su intento de cerrar el debate sobre el aborto en la dirección del PP

Mariano Rajoy quiso evitar ayer que el primer comité ejecutivo nacional del PP del año dejara patente las divergencias internas en relación con la reforma de la ley del aborto, pero fracasó a medias. Los barones moderaron sus reproches a la norma que impulsa el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, pero cuatro presidentes autonómicos insistieron en la necesidad de hacer concesiones en el texto para evitar que el PP acabe aprobando la norma en solitario en el Congreso. La parte mollar de estos reproches radica en la eliminación del supuesto de malformación del feto, que sí se incluía en la ley que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en 1985

El presidente del Gobierno recalcó que para ese dilema aún queda un largo trecho. La reforma es, hoy por hoy, un mero anteproyecto de ley que antes de ser aprobada por el Consejo de Ministros deberá ser informada por diversos organismos, incluido el Consejo de Estado. Pero los ánimos estaban tan caldeados que Rajoy empleó su turno de réplica -un hecho excepcional en este tipo de cónclaves populares- para confirmar que Gallardón escuchará a los barones más críticos con la nueva ley y que, por supuesto, el PP negociará con todos los grupos políticos para intentar recabar más apoyos en el largo trámite parlamentario, que comenzará después de las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo. Eso sí, mostró su total respaldo a la propuesta del ministro de Justicia al recordar que la ley se ajusta «al discurso histórico del PP» y recomendó a los suyos que no se dejen «apabullar» por los detractores.

Rajoy intentó marcar el rumbo del comité, que se desarrolló a puerta cerrada. «Mi discurso va a ser sobre economía, y espero que el vuestro también», espetó el presidente del Gobierno nada más comenzar su intervención a puerta cerrada. No hubo manera. Los presidentes de Extremadura, José Antonio Monago; Castilla y León, Juan Vicente Herrera y el de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, reiteraron ante Rajoy su desacuerdo con parte del fondo de la norma, pero sobre todo con el momento elegido para plantearla. «La Ley de 1985 se acerca mucho más a los españoles que la de 2010», expresó Núñez-Feijóo nada más acabar la reunión, que duró más de tres horas.

Trapos sucios

Los populares más disconformes consideran complejo abordar una cuestión en la que se mezclan leyes y sentimientos, un argumento que comparte el propio Rajoy. Lo que rechaza abiertamente el presidente del Gobierno es la tesis, expresada en privado por varios dirigentes populares, de la falta de demanda social para acometer este cambio. «Nuestro partido defiende el derecho a la vida y, a diferencia de otros, defender el derecho a la vida es nuestro compromiso», apostilló. Exigió que, en todo caso, los trapos sucios se laven en casa, es decir, que no debatieran sobre el aborto en público como hasta ahora, sino en el seno de partido.

La más directa fue Celia Villalobos. La exministra de José María Aznar y actual vicepresidenta del Congreso planteó a las claras la necesidad de que el PP diera libertad de voto a sus diputados y senadores cuando toque aprobar la reforman en las cámaras baja y alta. Rajoy, sencillamente, eludió responder a su pupila. «Efectivamente, fue una propuesta de un miembro del comité ejecutivo, pero no se debatió», confirmó María Dolores de Cospedal.

La secretaria general del PP, en la rueda de prensa posterior al comité ejecutivo, calificó de «enriquecedor» el debate sobre el aborto y negó que esta discusión pudiera provocar una falla en el partido. Una posibilidad que también rechazó, aunque de forma más gráfica, el presidente del Congreso, Jesús Posada, en los pasillos de Génova. «Si el PP no se rompió por la guerra de Irak, no se va a romper por la ley del aborto», sentenció.

Gallardón respondió con ánimo constructivo. Aseguró que las puertas de su despacho siempre están abiertas para disipar dudas, pero defendió que el Gobierno y el PP tienen la legitimidad de las urnas para dar este paso. El ministro, que fue aplaudido al final de su alocución, defendió su reforma y recordó que el articulado de su ley está en sintonía con el recurso que el PP presentó ante el Constitucional contra la ley de plazos del PSOE. Una norma que, entre otras disposiciones, permitía abortar a las menores de 16 y 17 años sin consentimiento paterno.