La defensa de la infanta Cristina pasa por el sacrificio de su marido

La defensa de la infanta Cristina, tanto en un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial como en una declaración ante el juez, pasa por poner encima de la mesa un cabeza de turco: su marido. Según coinciden todas las fuentes jurídicas y judiciales del caso consultadas, los abogados de Cristina de Borbón solo tienen una estrategia posible para intentar exculpar a su cliente, endosar a Urdangarin la responsabilidad de todas las irregularidades fiscales que cometió Aizoon, la empresa pantalla del matrimonio usada supuestamente para desviar a bolsillos privados cerca de un millón de dinero público y que, según el juez José Castro, fue usada también para defraudar a Hacienda.

Los letrados Miquel Roca y Jesús María Silva todavía debaten cómo recurrirán la decisión de Castro de citar a la duquesa de Palma como imputada el 8 de marzo ante la Audiencia Provincial. Sobre lo que no tienen dudas es que su cliente se enfrenta al mismo problema que todos los acusados de delitos fiscales, una sólida base documental de facturas y declaraciones que prueban de forma palmaria que Aizoon jamás tuvo actividad y que, como sostiene el magistrado, fue usada por el matrimonio Urdangarin-Borbón como una suerte de caja familiar, incurriendo en el doble delito de no tributar como IRPF esos ingresos y, de paso, aminorar la base imponible del Impuesto de Sociedades de Aizoon al cargar como gastos compras y servicios privados que nada tenían que ver con la falsa inmobiliaria y consultoría que jamás vendió un piso y nunca asesoró.

La defensa de doña Cristina no puede negar que su cliente se beneficiara de esos desfalcos porque son decenas los documentos que prueban que ella y sus hijos disfrutaron, a cuenta de las arcas de la compañía familiar y no del sueldo de la infanta o su marido, de viajes al extranjero, estancias en hoteles, comidas en restaurantes, fiestas privadas, cursos de formación en 'coaching', lecciones de baile. En total 262.120 euros. O que cargaron como gastos de empresa 436.703 euros de la reforma del palacete de Pedralbes.

La cifra del desfalco conjunto es importante. Según la Agencia Tributaria, los duques de Palma usaron 698.824 euros de la caja de Aizoon para abonar gastos personales que luego cargaron como si fueran proveedores de la inmobiliaria fantasma. Pero, recuerdan fuentes de los juzgados de Palma, la responsabilidad penal es «individual» y «Aizoon no puede ir a la cárcel». La única salida para la infanta, por tanto, es culpar de todo al «administrador único» de la sociedad, su marido. Una tesis que, según anticipó el martes el juez, es inverosímil habida cuenta de que Aizoon, lejos de ser una multinacional con miles de accionistas, era una empresa familiar de dos socios, que, además, son matrimonio. Aun así, admiten en el juzgado de Palma, la doctrina sobre la responsabilidad del «socio no administrador» es a veces contradictoria.

No cambia nada

La tesis de apuntar contra Urdangarin, explican estas fuentes, complicaría poco o muy poco la situación ya muy delicada del duque de Palma. Está acusado ya de tres delitos fiscales. El primero, contra la Hacienda Pública, lo cometió como responsable del Instituto Nóos en 2007 con el impuesto de sociedades, mediante facturas falsas. El segundo, también en ese año, por haber tributado a través de Aizoon 645.453 euros por el asesoramiento a seis empresas, cuando debía haberlo hecho en su IRPF y no como impuesto de sociedades. El tercero es la misma práctica, pero en el ejercicio de 2008, cuando facturó vía Aizoon 494.156 euros por trabajos privados.

Se trata de delitos difíciles de rebatir, hasta el punto de que la defensa de Urdangarin está dispuesta a aceptarlos a cambio de una multa. Ahondar en esos ilícitos con nuevas irregularidades «tendría en la práctica pocas consecuencias penales más para Urdangarin», apuntan expertos penalistas, que anticipan que los abogados del duque tendrán que dar la batalla para intentar exculparle de otros delitos, malversación, fraude a la Administración y prevaricación, pero no por los fiscales, perdidos de antemano.

Sin embargo, la estrategia de echar la culpa de todo a Urdangarin tiene varias lagunas, dos por encima de todo. La primera es que presentar a la infanta como la «socia no administradora» ignorante de todo casa mal con el hecho de que en el sumario figuran las actas que prueban que Cristina de Borbón participó en las reuniones de la Junta General Ordinaria de Aizoon, desde su nacimiento hasta la actualidad. En esos encuentros los dos socios aprobaban unas cuentas a las que la hija del Rey daba el visto bueno y en las que se certificaba que los beneficios de la sociedad pasaban a «remanente», que luego se repartía a base de cargar gastos privados, evitando así repartir dividendos entre los socios, que hubiera obligado a tributar ese dinero como «capital mobiliario».

Tampoco encaja con esa estrategia de desconocimiento total el uso que hizo la hija del Rey durante siete años de la Visa Oro de Aizoon para, entre otras cosas, pagar ropa para sus hijos, material escolar, floristerías, autopistas y comidas. Gastos que, obviamente, nada tenían que ver con la inmobiliaria.