La incertidumbre se apodera del sector eléctrico

La intervención del Gobierno en el sector eléctrico, primero mediante la anulación de la subasta Cesur, y después mediante la fijación -vía decreto- de una tarifa para el primer trimestre de 2014 ha originado un potente sentimiento de incertidumbre entre los actores del sistema, que se ha acrecentado una vez conocidas las conclusiones del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). El superregulador insiste en que se dieron «circunstancias atípicas» en el desarrollo de la subasta, y añade además que hubo «suficiente presión competitiva», pero evita hablar de manipulación de precios, lo que habría llenado de sentido a su decisión de no dar por válida la puja.

Diversas fuentes advierten de que la inseguridad jurídica que se ha instalado en el sistema eléctrico -y sobre todo en lo que respecta al funcionamiento del mercado- presionará al alza los precios. «La incertidumbre regulatoria, como el caso de la subasta, desincentiva la participación en el mercado y crea un riesgo regulatorio adicional que se incorpora en los precios y que soportan los consumidores finales», afirma la Federación Europea de Traders de Energía (EFET) en un comunicado.

Estos agentes financieros conforman una parte importante de las subastas trimestrales en las que se fija el precio de la electricidad para los clientes acogidos a la antigua TUR, actualmente denominado Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVCP). Las cinco comercializadoras de último recurso (CUR) acuden a las pujas como compradores de la energía que venden los 'traders', entidades financieras, y compañías eléctricas (sobre todo extranjeras).

La subasta es virtual, ya que no se entrega la energía físicamente, y financiera, puesto que los vendedores cubren el riesgo sobre el precio que las CUR pagarán después en sus compras de la electricidad que después deberán suministrar cada día a sus clientes. Si el precio de la energía resulta luego superior al de la subasta Cesur, tienen que pagar la diferencia. En caso contrario, se quedan con el margen. «Por eso los 'traders' siempre tiran hacia arriba de los precios, porque tienden a cubrirse», explica un profundo conocedor del mercado.

La EFET alerta, en su comunicado, de la «perjudicial intervención sobre el funcionamiento normal del mercado mayorista de electricidad en España» en diciembre. Además, pide «estabilidad» y destaca «la importancia de la libre formación de precios y de un correcto diseño del mercado mayorista de electricidad». La asociación dice respaldar las tesis de la Comisión Europea, que aboga por implantar mecanismos que permitan negociar la energía de una manera «abierta, transparente y sostenible, sin intervenciones políticas para fijar los precios».

Otras fuentes consultadas advierten de que la intervención del Gobierno en el mercado «va a provocar que al final sólo quieran concurrir a esta subasta los 'fondos buitre». Tampoco descartan que un juez obligue en un futuro a cobrar en las facturas de la luz el incremento resultante de la subasta del 19 de diciembre (un 10,5% en el recibo), y que el Gobierno rebajó a un 1,4%.

Una vez conocido el informe de la CNMC, el ministro de Industria, José Manuel Soria, insistió en que la decisión de anular la puja «tuvo fundamento», ya que en el documento «se reiteran las circunstancias atípicas que invalidaron el resultado de la subasta y se incide en dos cuestiones adicionales». «La primera, que no hubo una concurrencia competitiva suficiente. La segunda, que se detectaron variaciones de precios con anomalías impropias del funcionamiento de un mercado eficiente», ha destacado.

Soria desveló que desde aquel día su ministerio «ha convocado y reunido a los presidentes de las cinco grandes eléctricas de España», al tiempo que mantenía reuniones «con las asociaciones de consumidores y representantes de las entidades financieras» participantes en la subasta. La intención de Industria es la de «recabar opinión sobre las cuestiones que consideran que deben cambiarse, modificarse y mejorarse» en el sistema de fijación de precios eléctricos. Fuentes de las grandes compañías no ocultan su enfado por el hecho de que el Gobierno les pida ahora su opinión «cuando nunca nos ha escuchado. Le hemos dicho en muchas ocasiones que era necesario cambiar el mercado diario y la subasta Cesur, además de profundizar en la liberalización del sector. Pero no nos hacía caso».

«Colaboración» de Unesa

La patronal que agrupa a estas eléctricas, Unesa, emitió ayer un comunicado, más conciliador, en el que expone su «plena disposición a colaborar» con Industria «en un rediseño de este mecanismo (la subasta Cesur), con la esperanza de ser esta vez escuchada». Muestra además «su satisfacción por el hecho de que el informe de la CNMC haya concluido que no hubo ninguna manipulación de precios en la subasta, ratificando lo que la propia asociación había expuesto al respecto».

En la arena política, las conclusiones del superregulador han suscitado la reacción de Izquierda Unida. Su coordinador, Cayo Lara, cree que el ministro Soria tiene dos opciones. O «dimitir sin más» o bien «cesar a toda la CNMC porque es la que se equivoca».