La infanta Cristina puede enfrentarse a once años de cárcel
El juez José Castro vuelve a imputar a la hija del Rey por fraude fiscal y blanqueo de capitales
MADRIDActualizado:El juez del 'caso Nóos', José Castro, ha decidido citar como imputada, el día 8 de marzo, a las 10 horas, a la infanta Cristina por delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales, delitos penados con hasta once años de cárcel en el Código Penal. No obstante, es harto improbable que, en el hipotético caso de que la hija del Rey llegase a sentarse en el banquillo de los acusados, se enfrentara a peticiones de prisión tan graves como estas
El primero de los delitos, el fraude, está castigado con la pena de uno a cinco años y una multa de hasta seis veces de la cifra defrauda al fisco. El artículo 305 del Código Penal establece que serán culpables de este ilícito los que «defrauden a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos». La gran traba para acusar a la infanta Cristina de este ilícito es que esta cantidad para hablar de delito y no de falta tiene que superar los 120.000 euros por ejercicio. El propio Castro reconoce en su resolución que desconoce si el dinero supuestamente defraudado por la hija del Rey llega a ese montante ya que habría que calcular con detenimiento todos y cada uno de los gastos personales que imputó a Aizoon librándose así de tributarlos como IRPF y, de paso, rebajando la base imponible a la sociedad.
La acusación de blanqueo, llegado el caso, podría ser algo más fácil de sostener ante un tribunal. El artículo 301 del Código Penal pena con prisión de seis meses a seis años al que «adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona». En este supuesto, habría que demostrar que la hija del Rey sabía que el dinero que entraba en Aizoon no era limpio y que se lo gastó a sabiendas de su origen ilícito para ocultar los delitos de su marido.
"Mirar para otro lado"
El magistrado toma la decisión solo con el apoyo de Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, y en contra del criterio del resto de las partes, incluida la Fiscalía y Hacienda, que no vieron delito en la actividad de la hija del Rey en relación a su marido, Iñaki Urdangarin. La defensa de doña Cristina ya ha anunciado su intención de recurrir la imputación ante la Audiencia de Palma.
"Los delitos contra Hacienda que se imputan contra Urdangarin no se podrían haber cometido sin el conocimiento y aquiescencia de su esposa, por mucho que mantuviera una actitud de mirar para otro lado", apunta el juez Castro en su auto en 227 páginas, en el que insiste una y otra vez en la responsabilidad de la duquesa como copropietaria al 50% de Aizoon, la sociedad del matrimonio que sirvió para desviar a bolsillos privados el dinero público y que fue la base para el fraude al fisco. "Cristina de Borbón se prestó a que Aizoon sirviera de andamiaje imprescindible para la comisión de los delitos fiscales que se están investigando", agrega.
La infanta "intervino puniblemente en los delitos de los que derivaron las ganancias de Aizoon", reza el escrito del juez Castro. "Cristina de Borbón ha intervenido lucrándose en su propio beneficio y facilitando los medios para que lo hiciera su marido mediante la colaboración silenciosa de su 50% de Aizoon", añade.
Siete meses de indagaciones
Es la segunda ocasión en la que Castro imputa a la duquesa de Palma tras haberlo hecho el 3 de abril del año pasado. Entonces, la citación quedó en suspenso después de que la Fiscalía Anticorrupción se opusiera en un recurso y la Audiencia de Palma la dejara sin efecto en un auto dictado en mayo. En ese mismo auto, la Audiencia Provincial apuntó nuevas líneas de investigación para averiguar si la infanta Cristina pudo incurrir en posibles delitos fiscales y de blanqueo desde la empresa Aizoon, de la que es propietaria al 50% junto a su marido.
Siete meses de indagaciones más tarde, y tras distintos informes de la Agencia Tributaria que no reflejan hechos presuntamente delictivos y varios análisis policiales sobre los gastos privados del matrimonio Urdangarin-Borbón con fondos de Aizoon, corresponde al juez adoptar una determinación.
La Fiscalía Anticorrupción subrayó en un detallado escrito previo cuyos argumentos volvió a reiterar después de que Castro le solicitara su opinión, que contra la hija del Rey solo hay "conjeturas o sospechas". El fiscal encargado del caso, Pedro Horrach, indicó en su último escrito al juez instructor que de la investigación llevada a cabo sobre la infanta no se han obtenido "indicios incriminatorios de los que pudiera derivarse la imputación". Además, Horrach reprochó a Castro que hubiese ordenado diligencias "irrelevantes desde el punto de vista penal" cuya práctica solo ha servido para ocasionar "una dilación no conveniente del procedimiento".