Reabren el caso de la urbanización ilegal en la reserva natural Las Lagunas

La titular del Juzgado nº 1 de El Puerto ha vuelto a reactivar la instrucción sobre la urbanización ilegal que se construyó en la Reserva Natural de Las Lagunas hace años.

La magistrada ha firmado una providencia para que se incorpore al expediente el informe de la Fiscalía en el que se solicita se mantenga la imputación de Pedro Alamillos y Juan Carlos Álvarez, exconcejales de Urbanismo, que junto al exalcalde, Hernán Díaz, son las tres personas que están imputadas en este sumario como responsables de permitir esta urbanización ilegal en terrenos protegidos por la ley.

El tribunal apoya la petición de la Fiscalía para que se solicite al Ayuntamiento un informe sobre las actuaciones realizadas por el entonces concejal Pedro Alamillos en el año 2002. Fecha en la que el colectivo Ecologistas en Acción denunció ante el Consistorio la construcción de varias viviendas en los terrenos de esta Reserva. Igualmente, también se solicita que se requiera al Ayuntamiento el expediente de demolición de una de estas viviendas que no se llegó a demoler.

La denuncia se remonta al año 2006, cuando el mismo colectivo la presentó ante los juzgados. El retraso de la instrucción ha sufrido muchos capítulos en los que incluso se llegó a extraviar todo el expediente, el cual pudo ser recuperado meses después.

La acción judicial se basó en la falta de actuación de los máximos responsables municipales ante la proliferación de viviendas ilegales en la zona de El Barranco, terrenos protegidos por encontrarse dentro de una reserva natural. Ecologistas en Acción presentó denuncia contra Hernán Díaz, Pedro Alamillos y Juan Carlos Álvarez, por entender que su actuación podría ser constitutiva de sendos delitos sobre la ordenación del territorio, contra los recursos naturales y el medio ambiente, y de prevaricación medio-ambiental por omisión dolosa o imprudente, «ya que existía una específica obligación legal de actuar ante esta urbanización ilegal y no lo hicieron».

El anterior PGOU de El Puerto, aprobado en 1991, ya detectaba una incipiente parcelación y urbanización en esta Reserva Natural, estipulando la obligatoriedad de redactar y aplicar un Plan Especial para proceder a la restauración del medio original, donde determinaba «la eliminación de las edificaciones ilegales, viario y vallados existentes». Este Plan Especial nunca se redactó, aprobó ni ejecutó y se permitió la ampliación de la construcción irregular. «A pesar de tener plena constancia de la existencia de esta urbanización ilegal, así como de las normas urbanísticas y medioambientales infringidas, estos responsables no intervinieron a sabiendas de la gravedad de los hechos y de la repercusión pública que éstos tenían», comentan miembros del colectivo ecologista.

Cabe recordar que los tres imputados, Hernán Díaz, Juan Carlos Álvarez y Pedro Alamillo han negado en reiteradas declaraciones cualquier responsabilidad en las distintas acciones ilegales realizadas en esa zona.

Desde la asociación denunciante lamentan que «la exasperante lentitud de la Justicia termine por crear una sensación de impunidad y de falta de eficacia, ya que cuando se juzga a los políticos responsables de corrupción urbanística y medio ambiental, ya no ocupan cargos públicos, por lo que las penas de inhabilitación que suelen imponerles los tribunales no les importan».