El conflicto del Canal se recrudece a la espera de la negociación política

A la espera de que la diplomacia entre en acción, el conflicto del Canal de Panamá se recrudece por momentos. Las dos principales partes implicadas en el contencioso -la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio que ejecuta las obras de ampliación de la infraestructura- siguen inmersas en un cada vez más agrio cruce de reproches. El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), participado en un 48% por la constructora Sacyr, aseguró ayer que «somos la solución, no el problema» para la ampliación de la infraestructura, e insistió en que sus reclamaciones por el sobrecoste de las obras -que cifra en 1.200 millones de euros- se ajustan a la realidad del proyecto.

En declaraciones a Efe, el consorcio denunció el «doble discurso» de la ACP. «Por un lado, los miembros de la administración van a reuniones y se muestran receptivos a llegar a puntos de acuerdo. Sin embargo, cuando llega la hora de cerrar el acuerdo, siempre dentro del contrato, la ACP no es consecuente con la primera propuesta», se lamentó Paolo Moder, miembro de la Junta Directiva de GUPC.

El consorcio advierte de que si la ACP no reconoce sus argumentos y se rescinde el contrato, «deberá buscar un contratista para que finalice la obra». «El problema que se plantea -explica Moder- es que esa solución siempre será más cara y la finalización del proyecto se prolongará sustancialmente, impactando a la economía panameña. En ese punto, mientras que el administrador habla de presiones, nosotros estamos convencidos de que somos la solución, no el problema». En el otro lado de la polémica, la ACP recuerda que Sacyr y sus socios -la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa- han invocado una cláusula de suspensión del contrato de obra «que se aplica cuando tú no les estás pagando a alguien un trabajo, lo cual no es el caso, porque ya han recibido más de 2.000 millones de dólares (1.471 millones de euros)» del contrato original, suscrito en 2009, y tasado en unos 2.300 millones de euros. «Invocar esa cláusula, que no significa terminación del contrato sino suspensión temporal, no es válido», ha manifestado un portavoz de la ACP. Esta misma fuente acusa al consorcio de haber «reducido» de forma «visible» el ritmo de trabajo en la construcción del tercer juego de esclusas del Canal desde que el pasado 30 de diciembre presentara la carta de «aviso de suspensión» de las obras.

Viaje de Ana Pastor

Mientras tanto, una delegación gubernamental española, conformada por la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia, viaja este fin de semana a Panamá para mediar en el conflicto. Ambos tienen previsto reunirse -probablemente mañana-con el presidente del país centroamericano, Ricardo Martinelli, quien no obstante ya ha dejado claro que no se trata de «ningún problema diplomático», sino de un contencioso «entre empresas».

En las reuniones también tomarán parte representantes del GUPC -entre los que presumiblemente estará el presidente de Sacyr, Manuel Manrique-, y de la Autoricad del Canal de Panamá.