Aplacar la ira popular

Consciente de que el continuo aumento del precio de la vivienda supone un elemento de inestabilidad social -dos tercios de la población se muestra muy indignada por esta razón-, el Gobierno chino dio luz verde en 2010 al faraónico proyecto que contempla la construcción de 36 millones de viviendas de protección oficial antes de que termine el actual lustro para que supongan el 20% del mercado. De momento, los plazos se están cumpliendo. Según información oficial publicada a finales de diciembre, en 2013 se comenzaron a construir 6,66 millones de pisos y hasta noviembre se habían completado 4,7 millones. Para 2014 se esperan cifras similares. Sin duda, la factura es abultada: 1,12 billones de yuanes, 140.000 millones de euros el año pasado. 615.000 millones de euros para todo el quinquenio.

El problema está en que no todo ese dinero acaba donde debe. De hecho, este año el programa de vivienda económica se ha sumido en un grave escándalo. La Auditoría General del Estado hizo público en agosto un informe en el que daba cuenta de las irregularidades que había detectado en el uso de los fondos destinados a la VPO. Según el documento, hasta 5.800 millones de yuanes (725 millones de euros) han sido «utilizados de forma inapropiada», y al menos 38.900 viviendas se concedieron a quienes no cumplían los requisitos necesarios. Lo mismo sucedió con subsidios por valor de 153 millones de yuanes (19 millones de euros). Hay quienes dicen que supone un porcentaje muy pequeño, pero muchos se preguntan si las viviendas para los pobres no terminarán también en manos de los poderosos.